Durante los últimos seis años se han impuesto 2.611 multas en Extremadura a personas que han sido cazadas al volante sin carné de conducir o sin el permiso de circulación del vehículo que manejaban. Estos datos, que abarcan el periodo comprendido entre 2012 y el 11 de diciembre pasado, están incluidos en una respuesta parlamentaria del Gobierno a los diputados Miguel Ángel Heredia y Pablo Bellido, ambos del PSOE. De ellos se desprende que, si bien el año pasado se produjo un ligero repunte de las multas respecto al ejercicio anterior (de 303 a 317), lo cierto es que se aprecia una clara tendencia a la baja que arranca en el 2013, cuando se contabilizaron el doble de sanciones (641).

Una evolución que Francisco García, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, atribuye en buena medida a que «la vigilancia» en las carreteras hace que «la gente no quiera jugársela conduciendo sin carné». Sobre todo porque, incide, se trata de un delito contemplado por el Código Penal, que recoge para él penas de prisión de tres a seis meses; multa de doce a veinticuatro meses; o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

De acuerdo a la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en el 2016 se dictaron un total de 1.314 sentencias condenatorias por delitos viales en Extremadura, de las que 333 castigaban alguno de los tres tipos de conducción sin permiso que se citan en el artículo 384 del Código Penal (hacerlo con pérdida total de puntos; con privación judicial del permiso o licencia; o conducción sin haber obtenido nunca el carné). En el conjunto del país las sentencias fueron 25.652, constituyendo «la segunda fuente en importancia numérica de la que se nutre la estadística de los delitos viales de peligro en España», se resalta.

Dentro de la Memoria de la Fiscalía de Extremadura se precisa que la «gran mayoría» de las causas tanto por delitos de conducción alcohólica como de conducción sin permiso concluyen por sentencia de conformidad ante el juzgado de guardia. En el caso de la provincia de Cáceres, se indica además que la fiscal delegada en esta especialidad «mantiene una importante preocupación por una cierta permisividad social de la conducta de conducir sin permiso en el ámbito rural, así como en el de la etnia gitana, restando importancia a la conducción de vehículos de motor por menores que, en muchos casos, han sido ‘aleccionados’ por sus propios familiares para la conducción, y que son sorprendidos conduciendo vehículos propiedad de estos familiares —normalmente sus padres—». En este sentido, la memoria recoge más de un centenar de infracciones de menores por conducción sin permiso en la comunidad autónoma en el 2016.

Por tipo de infracción, de las más de 2.600 sanciones impuestas en Extremadura entre el 2012 y el 2017, 1.400 se debieron a que se manejaba un vehículo sin la autorización administrativa correspondiente; 683 a que el carné que se portaba no habilitaba para conducir el automóvil que se conducía; 426 a que se circulaba sin haber obtenido la correspondiente autorización administrativa del vehículo —que acredita si está de alta o de baja temporal—; y 102 a que el permiso que se presentó era el equivalente al español de un país extranjero, pero no era susceptible de canje. Este último supuesto —como el de carecer del permiso de circulación del vehículo— no es considerado como un delito, sino como una infracción administrativa. «En la UE [los carnés] están todos homologados y se hace el canje sin más», precisa el presidente de las autoescuelas cacereñas, quien puntualiza que en estas ocasiones los infractores suelen provenir de países latinoamericanos o magrebís con los que no hay convenio de reciprocidad.

Por otro lado, y según información facilitada también por el Gobierno, de 2012 a 2017 un total de 1.593 extremeños han perdido la vigencia de su carné de conducir al agotar el saldo de puntos con el que contaban. También en este caso, pese al incremento que se produjo el año pasado respecto al 2016 (se pasó de 185 a 213) se sigue todavía muy por debajo de los niveles del 2013 (entonces fueron 373 las pérdidas de vigencia). Para García, en esta caída influye el temor de los conductores a quedarse sin puntos y, por tanto, a tener que hacer un curso y superar un examen, lo que está motivando también que los cursos de recuperación parcial (menos caros y que no exigen prueba) hayan subido «un poquito» para evitar así que pueda perderse el saldo completo.