Enero puede parecer que ya no es lo que era. El inicio del 2017 no es sinónimo de subidas generalizadas en el coste de la vida y los servicios básicos, al igual que sucedió el año pasado y el anterior. De todas formas, hay servicios muy esenciales (en algunos casos sujetos en parte al vaivén del mercado) que no se librarán de las alzas, como el recibo de la luz o el gas natural y en el caso de Cáceres, también el transporte público, aunque este encarecerá en el segundo semestre.

No se prevén cambios en todo caso en el recibo del agua, puesto que ninguno de los consistorios lo han planteado aún, si bien el Ayuntamiento de Badajoz barajó una actualización de las tarifas el pasado septiembre (se descartó porque sería una subida del 0,3%, conforme al IPC). En cuanto a tasas, tampoco se contemplan incrementos aunque sí podrían registrarse subidas de gravámenes en 48 municipios extremeños con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de este año, si bien en otros 24 se podrían revisar a la baja, en función de lo que determinen los ayuntamientos tras aceptar el Ministerio de Hacienda la revisión solicitada. Paralelamente, 39 municipios, entre ellos Mérida, llevarán este año a cabo la regularización catastral iniciada en el 2012 por el Gobierno central. Y todo esto con un alza de los salarios del 1,08% pactado en convenio hasta junio y en un contexto de inflación del 0,7% hasta noviembre. Se puede decir que el que comienza será un año con más pendiente que los anteriores.

De hecho, los costes salariales hasta el tercer trimestre del 2016 registraron un descenso del 0,3%, hasta los 1.804,1 euros, mientras crecen los beneficios empresariales y la economía alcanza una velocidad de crucero superior al 3%. Para el 2017 está previsto que se reduzca la tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB), según las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales, incluido el Gobierno. El Ejecutivo español pronostica un crecimiento del 2,5% en el 2017, frente al del 3,2% en el 2016.

MENOS PODER ADQUISITIVO/ Lo que es evidente es que la crisis ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios. El coste salarial, que en el tercer trimestre del 2008, el último ejercicio de bonanza económica previo a la recesión, era de 1.722,45 euros debería haberse situado en 1.848,19 euros en el mismo periodo del 2016, en vez de en 1.804.

Se han esfumado más de 600 euros anuales de poder adquisitivo y esto sucede se compare el periodo de crisis que se compare. Y eso teniendo en cuenta la reducción de las retenciones en el impuesto de la renta (IRPF) por la rebaja del tributo aprobada por el Gobierno.

La pérdida de capacidad de compra es evidente y no se recupera todo lo perdido, mientras que los costes de los servicios esenciales no pararon de subir durante una buena parte del periodo, con la excepción del 2015 y el 2016 (dos años con citas electorales). El único cambio de tendencia en positivo en las retribuciones del trabajo lo protagoniza el salario mínimo interprofesional (SMI), que sube el 8%, hasta 707,60 euros mensuales, gracias al acuerdo entre el Gobierno y el PSOE.

La contrapartida son las pensiones, que se actualizarán el 0,25%. Eso supone que, si se cumplen los pronósticos del Banco de España para el 2017, cederán 1,75 puntos de poder adquisitivo en el 2017, ya que pronostica una inflación del 2%. Y eso se suma al retroceso real de casi medio punto del 2016. Los funcionarios también son un colectivo especialmente damnificado por la crisis y la subida salarial para los más de 90.000 que hay en la región está en el aire.

A diferencia de un año atrás, no hay en el ejercicio que comienza citas electorales programadas en la agenda. Así, en las estimaciones remitidas por el Gobierno a Bruselas, el Ejecutivo pronostica un aumento de la presión fiscal, es decir, del peso de los ingresos tributarios sobre el conjunto de la riqueza que genera el país, del 34,1% en el 2016 al 34,4%. Y este cambio, que vienen a representar más de 3.000 millones de diferencia, contrasta con los datos enviados a la Comisión Europea en octubre pasado, en los que se estimaba que esta variable se mantendría.

IMPUESTOS/ Las tasas municipales no se moverán, a priori, este año; sin embargo la tendencia de los impuestos, al menos de los indirectos, será a subir. Los gravámenes sobre las bebidas alcohólicas de mayor graduación ya han aumentado el 5% y los que recaen sobre los cigarrillos y sobre el tabaco para liar, el 2,5% y el 6,8%, respectivamente a raíz de un decreto de medidas tributarias aprobado por el Gobierno el pasado 3 de diciembre. Con ello prevé ingresar 150 millones adicionales. Pero el grueso procede de reformas en el impuesto de sociedades, con el que obtendrán 4.800 millones.

La mayor novedad es un tributo nuevo sobre las bebidas azucaradas carbonatadas (refrescos), con el que se esperan recaudar 200 millones y que entrará en vigor durante el ejercicio.