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la junta calcula que más de 200 tienen que revisarlo

26 municipios tramitan expedientes para actualizar sus planes generales

Rena, Malpartida de Plasencia, Oliva de la Frontera Talaveruela y Eljas son algunos. Con la nueva ley de coordinación regional la tramitación se reduce de 7 a 2 años

 

Malpartida de Plasencia es uno de los municipios que está inmerso en la actualización de su plan general. - EL PERIÓDICO

ROCÍO ENTONADO region@extremadura.elperiodico.com MÉRIDA
16/09/2019

Un total de 26 municipios de la región están tramitando los expedientes necesarios para proceder a la actualización de sus planes generales. Rena, Malpartida de Plasencia, Oliva de la Frontera, Talaveruela de la Vera o Eljas son algunos de ellos, según la información facilitada por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Tras la puesta en marcha de la ley de coordinación y simplificación administrativa de procedimientos urbanísticos el año pasado, la aprobación de estos nuevos planes se reducirá de siete a dos años y en un plazo de unos tres meses los ayuntamientos ya disponen de todas las consideraciones que deben tener en cuenta para elaborar la propuesta final que someterán a votación.

Todo el planeamiento de Extremadura debería haberse revisado a raíz de la aprobación de la Ley del Suelo en el año 2001, pero los enormes plazos de tramitación y lo complejo del procedimiento, que obliga a pedir hasta 32 informes sectoriales (de carreteras, medio ambiente, patrimonio...) y cada uno de ellos a un organismo distinto, ha ido retrasando la cuestión. Tanto es así que según los cálculos de Urbanismo, unos 200 municipios de la región tenían en 2017 su plan general obsoleto. Pese a tratarse de una figura fundamental, algunos municipios no los revisan desde el año 1986 y si no cuentan con un plan general actualizado, tienen que recurrir a la Junta y tomar todas las cautelas a la hora de autorizar las actividades económicas y usos del suelo. Una problemática que afecta a cuestiones tan cotidianas como la construcción de naves y granjas agrícolas, aserraderos o queserías.

Para poner fin a esta situación, la Junta aprobó el año pasado la Ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos y de Ordenación del Territorio de Extremadura, que ha introducido dos novedades fundamentales. Por una parte, permite al Ejecutivo regional tomar parte en el procedimiento de revisión de los planes desde el principio para dar a los ayuntamientos apoyo técnico y jurídico; por otra, acorta los plazos de tramitación, que se reducen de siete a dos años.

PLANES TERRITORIALES / En el año que lleva vigente la ley se han iniciado 31 expedientes de coordinación intersectorial promovidos por 26 municipios, como Rena, Eljas, Oliva de la Frontera, Malpartida de Plasencia y Talaveruela de la Vera. También se ha iniciado el procedimiento para la aprobación de tres planes territoriales: ‘La Serena’, ‘La Campiña’ y ‘Villuerca-Ibores-Jara’.

Según los datos aportados por la Consejería de Territorio, la tramitación de estos expedientes ha generado 743 peticiones de informe a las administraciones públicas afectadas (confederaciones hidrográficas, demarcación de carreteras, medio ambiente, patrimonio cultural, etc). «Municipios como Rena, que sin esta coordinación hubiesen tardado en el mejor de los casos más de un año en recabar los informes para la aprobación de su plan, se han visto con un informe de coordinación en el plazo de tres meses, gracias además al intenso trabajo con la Delegación del Gobierno para que informes como los de confederación hidrográfica puedan ser emitidos en el plazo de dos meses», detalla la Junta.

Además, se han mantenido reuniones extraordinarias entre el personal de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y los organismos sectoriales para establecer criterios homogéneos a la hora de emitir los informes sectoriales, así como para aclarar el objeto y funcionamiento de la comisión que coordina los informes que se emiten.

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