El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó ayer distintos convenios para el desarrollo de 193 acciones formativas destinadas a mejorar la cualificación de 2.865 trabajadores de cara a impulsar su inserción laboral. La financiación asciende a 8,8 millones de euros y afecta a los siete sectores productivos.
Algunos de los cursos que se desarrollarán son de elaborador de conservas vegetales, gestión eficiente de recursos hídricos en agricultura, operario de planta de tratamiento de agua y certificado de aptitud profesional, profesionales de energía, agua y seguridad, medio ambiente, fabricación mecánica e informática, comunicaciones, dependencia y prevención de riesgos laborales.
Así lo expuso ayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien destacó la importancia de estas medidas para el fomento del empleo, además de otro de los acuerdos adoptados por su gabinete, tendente al desarrollo de la Ventanilla Unica empresarial en Cáceres y Mérida.
Vara también resaltó la autorización de la contratación para la adquisición de equipamientos tendentes a la extensión de la ultima fase de la TDT en la comunidad autónoma, con un presupuesto de 4.245.000 euros.
Preguntado por la reclamación al Estado de los 34 millones de euros por gastos sanitarios del año 2001, Fernández Vara indicó que están a la espera de que el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) les responda. La polémica entorno a este asunto surgió tras una sentencia del Tribunal Supremo, del mes de septiembre pasado, en la que se informaba a la Junta de que no había presentado esta reclamación a la instancia oportuna, que, según el auto judicial, era la Intervención General de la Seguridad Social.
La Junta, según explicó Vara, formuló entonces la reclamación ante este organismo, que ahora le ha respondido que tampoco debía formularlo en esta instancia sino ante el Ingesa.
