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SEGÚN eL SINDICATO USO, que está a la espera de la sentencia de la UE

30.000 empleados públicos están contratados en fraude de ley

Estarían afectados tanto interinos como indefinidos y personal laboral temporal

 

Trabajadores de la administración, en una imagen de archivo. - EL PERIÓDICO

EFE region@extremadura.elperiodico.com BADAJOZ
27/09/2019

La Federación de Empleados Públicos de USO (FEP-USO) ha denunciado que alrededor del 30% de los 90.000 trabajadores públicos de Extremadura, entre 25.000 y 30.000, tienen un contrato en fraude de ley.

El secretario regional del sindicato, Luis Manuel Gil Maya, indicó que, si la justicia da la razón a los trabajadores sobre la fijeza de los puestos y las administraciones continúan con los procesos de selección, puede darse el caso de tener a dos personas para un mismo puesto y habría que duplicar el presupuesto.

En el congreso de FEP-USO Extremadura, celebrado ayer, Gil Maya informó que esta semana les transmitieron que para el 17 de octubre se espera el pronunciamiento de la abogacía de la Unión Europea sobre la fijeza de los trabajadores con contratos que están en fraude de ley.

Posteriormente, se emitirá la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que esperan que sea favorable como en el resto de Europa, y eso supondrá la regularización de todos estos empleados.

Así, insta a las administraciones públicas a que los procesos selectivos en los que estén implicados las plazas que ocupan ese personal en fraude de ley se paralicen, ya que podría ocasionar que esas personas reclamasen y sufrieran un despido.

«Y es que si la justicia les da la razón tendrían que ser readmitidas y habría dos personas para un único puesto, algo que afecta tanto a los interinos como indefinidos o personal laboral temporal», agregó.

En dinero, explicó, se traduciría en «varios cientos de millones de euros» si se produjeran despidos con indemnizaciones porque, según ha calculado, el periodo medio de contratación está entre 10 y 15 años y les correspondería entre 15.000 y 20.000 euros como mínimo a cada uno. «En muchas administraciones podría suponer su quiebra porque no podrían asumir dicho pago”, añadió.

Para el secretario general, la sociedad considera que son unos privilegiados pero realmente hay una gran precariedad laboral y sufrieron muchos recortes en la pasada crisis económica, como la bajada de sueldos en el 2010, la congelación de sueldos los años posteriores y ahora se recuperan parte de los derechos que les arrebataron.

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