La pena de 4 años de prisión e indemnizaciones por importe de 818.387 euros que solicita la Fiscalía provincial para el conductor --acusado de homicidio y lesiones por imprudencia grave, y de conducción bajo influencia de de estupefacientes-- de la excavadora implicada en el accidente de tráfico, en el que murieron cinco niños de un equipo de fútbol infantil de Monterrubio de la Serena, en mayo del 2014, en Castuera, no es firme aún. Y no lo es por que el letrado de la defensa del por ahora único inculpado, Fernando F. M., presentó el pasado día 14 de enero un recurso de reforma contra el auto del Juzgado de Castuera, que transforma las diligencias previas de la instrucción en procedimiento abreviado y que pide a las partes que presenten sus conclusiones provisionales.
Así lo confirmó ayer el fiscal jefe provincial, quien señaló que si el juzgado o después la Audiencia --la Sección Tercera, con sede en Mérida-- atiende el recurso presentado por el abogado de la defensa, José Duarte, podría derivar en que no hubiera delito penal, o hubiera alguna otra imputación, de modo que o bien no hubiera que presentar escrito de acusación, o tuvieran que continuar las diligencias y en ese caso, tampoco sería el momento procesal de dicha acción.
El recurso de la defensa pide al juzgado, inicialmente, el sobreseimiento provisional y parcial de la causa en relación con su representado. Que de no estimarse lo anterior, acuerde la degradación a falta de imprudencia leve con resultado de muerte. Pide también que acuerde, "a la luz de las numerosas contradicciones internas y externas, documentales, del tacógrafo, testificales y última diligencia probatoria como la pericial de la compañía Caser", la imputación del conductor del autobús, Juan G. B., como "autor de de delitos contra la seguridad vial al conducir con temeridad manifiesta poniendo en peligro la vida de los niños y adultos que transportaba en el autobús".
HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA Señala Duarte en el recurso que Juan G. B. hizo "un adelantamiento indebido y con exceso de velocidad", así como que "despreció el riesgo de adelantar a la máquina a esa velocidad en un sitio indebido". Y solicita que se le impute por "homicidio por imprudencia con resultado de muerte y contra la seguridad vial".
Así, pide, además, "la admisión y práctica de una fundamental diligencia probatoria"; que resuelva "expresamente y con independencia del criterio del fiscal jefe sobre la expresa petición formulada, por los motivos expuestos, apartar al representante del Ministerio Fiscal --especialista en Tráfico--; y la inspección y reconocimiento judicial del terreno y los vehículos implicados.
La fiscalía, señala en su escrito provisional, que aún no es firme, que el acusado conducía "sin observar la mínima diligencia exigible a todos los conductores"; con una máquina "no provista de los elementos básicos para circular con seguridad"; y "sin cerciorarse de que ningún otro vehículo circulaba con preferencia de paso por el carril izquierdo, giró sorpresivamente hacia ese lado, embistiendo al autobús, que en ese momento realizaba una maniobra de adelantamiento".
En este sentido, Duarte dice que fue el conductor del autobús el que no cumplió las normas al ir a 84 kilómetros por hora donde tenía que ir a 70. Y recoge el informe forense que desvirtúa la prueba de consumo reciente de estupefacientes. Por ello considera que se produce una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la legalidad penal.
