Cinco años después de la primera convocatoria y sin que ningún proyecto haya comenzado siquiera a construirse, sigue habiendo interés por los parques eólicos en Extremadura. Así lo demuestran las 233 solicitudes que ayer, primer día de vigencia del nuevo decreto aprobado el pasado mes de julio, presentaron 40 promotores en la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.
En los próximos días, las iniciativas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) para que, en el plazo de un mes, presenten sus propuestas las personas o entidades que pudieran estar interesadas en ubicarlas en las mismas zonas. De ahí, la premura de los empresarios que registraron ayer sus peticiones, dado que la fecha de ingreso es uno de los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar un proyecto en caso de que haya varios en competencia en una misma zona.
NUEVO PROCEDIMIENTO Como explicó en la presentación del nuevo decreto el consejero José Luis Navarro, se ha eliminado el sistema de convocatorias que se había utilizado hasta ahora en la comunidad. En vez de abrir un plazo de presentación de proyectos para una determinada cifra de megavatios y el Gobierno regional seleccionaba las iniciativas. Ahora, el plazo de presentación permanece abierto de forma indefinida y, para evitar posibles solapamientos, los proyectos se someten a información pública y se selecciona el más viable en caso de coincidencia en un mismo área.
Las solicitudes presentadas ayer, por tanto, se publicarán próximamente en el DOE y los posibles interesados tendrán un mes para presentar sus proyectos, si quieren instalarlos en puntos comunes o cercanos. Según su propia estimación, la Consejería empezará a resolver los expedientes en el plazo de unos nueve meses. Para decidir en casos de competencia, se tendrán en cuenta diez criterios objetivos (actuaciones de desarrollo socioeconómico, solicitud previa, disponibilidad de terrenos... ), que valorará con hasta 100 puntos en total.
Posteriormente, los proyectos aprobados tendrán que presentar el proyecto completo y el estudio de impacto ambiental, entre otros requisitos que también incluyen el depósito de una fianza de 18.000 euros. Con todo ello, podrán lograr la autorización regional, pero no el derecho a cobrar las primas, que debe otorgarles el Gobierno central.
De hecho, a la espera de tal concesión están 22 de las 23 iniciativas aprobadas por la Junta en la anterior convocatoria (resuelta en el 2008), tras quedarse fuera del registro de instalaciones de régimen especial que el Ministerio de Industria publicó en diciembre. Todos ellos, como los que el Ejecutivo regional apruebe ahora, quedarán pendientes del nuevo registro, que no se espera hasta el 2013 y cuyas primas se prevén menores que las existentes en la actualidad.
