Las residencias universitarias aseguran que la competencia desleal ha llevado al sector a atravesar una "importante crisis" que se ha acentuado en los últimos años. Cuatro de cada diez universitarios que deciden alojarse en este tipo de establecimientos lo hacen en locales no regulados por la ley, según denuncia la Asociación Extremeña de Residencias, que insiste en que las plazas ilegales "no paran de crecer" cada curso.

Desde el colectivo indican que en la actualidad existen cerca de un centenar de establecimientos no reglados repartidos entre las cuatro ciudades universitarias --Cáceres, Badajoz, Plasencia y Mérida--, en los que se alquilan habitaciones y en cuyo precio se incluyen servicios, entre ellos la comida, que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

Petra Rodríguez, presidenta de la asociación, sostiene que en los últimos años se ha producido un importante incremento del número de plazas de residencias ilegales, que en la actualidad ronda las 800.

Las cifras, insiste, son muy altas si se comparan con las de los establecimientos reglados. Según los datos que ofrece la Universidad de Extremadura en su web, en la región hay 20 residencias universitarias, entre privadas y públicas, que ofertan 2.420 plazas. Esto supone que tres de cada diez plazas que existen en la comunidad extremeña no cumplen con la legalidad.

Rodríguez señala que "es muy difícil conocer el número exacto de residencias y plazas ilegales en la región extremeña, aunque se aproxima mucho al que nosotros barajamos". Los datos que maneja la asociación son parte de un informe elaborado mediante la recopilación durante varios cursos de los establecimientos que se anuncian en la calle, así como los anuncios aparecidos en prensa.

DENUNCIA Con todo ello, el colectivo ha elaborado un listado de locales ilegales anunciados en las cuatro ciudades universitarias que ha sido presentado en forma de denuncia ante Hacienda. "Presentamos documentos y papeles, pero, de momento, no ha pasado nada, las cosas siguen igual y en Hacienda ya nos dijeron que era difícil, ya que ellos no podían ir puerta por puerta a preguntar", se queja la presidenta de la asociación.

La situación, insiste Rodríguez, cada vez es más complicada para el sector, "que en los últimos años está teniendo unas pérdidas económicas muy elevadas". Las residencias denuncian que cada curso se cubren menos plazas y "cada año cierran más establecimientos" --hace 8 años la cifra de locales regulados se elevaba a 35--, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

La asociación también ha solicitado a los ayuntamientos ayuda para eliminar los anuncios que aparecen en el mobiliario urbano, "y la verdad es que cada dos por tres hacen una limpieza, pero es imposible, se multiplican", reconoce la presidenta, que asegura que el periodo en el que estos establecimientos se anuncian más coincide con las fechas de la preinscripción y los exámenes de septiembre.