El Gobierno valenciano derogó a principios del pasado mes de febrero por «imperativo legal» la normativa que obligaba a las gasolineras a contar con, al menos, un empleado. Asturias ha retirado su proyecto de ley que incluía esta imposición. Y en Castilla y León también han dado marcha atrás a la normativa autonómica por temor a la multa de la UE.
