El 52,6 por ciento de los procesos judiciales por abusos sexuales a niños en Extremadura se suspenden por falta de pruebas, según Save the Children.

En el informe Ojos que no quieren ver, la entidad analiza los abusos sexuales a menores a través de más de 200 sentencias judiciales y denuncia los fallos en el sistema de prevención, detección y protección de los niños y niñas víctimas de los mismos.

El informe revela que la mayoría de procesos judiciales abiertos en la Comunitat Valenciana se suspenden por falta de pruebas, una ratio que se sitúa en un 75,6 %, superior a la media estatal (72,2%) y muy por encima de otras autonomías como Baleares (31%), Extremadura (52,6%) o Castilla- La Mancha (57,1%).

También alerta de que tanto en la Comunitat como en el resto de España el abuso sexual se extiende de media cuatro años, lo que demuestra que aún no existen las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos.

Las denuncias por abusos sexuales a menores en la Comunitat Valenciana aumentaron un 19,2 % el pasado año, pasando de 547 en 2015 a 652 denuncias en 2016, según datos del Ministerio del Interior, y a pesar de estas cifras, la mayoría de los casos (cerca del 85 %) siguen permaneciendo ocultos.

También destaca que más de la mitad de las víctimas de delitos contra la libertad sexual de la Comunitat Valenciana en 2015 era menor de 13 años, un hecho que abre el debate sobre la necesidad de instaurar la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y en edades tempranas, algo que no se produce en todas las escuelas.

La organización denuncia que llevar el caso a los tribunales no es una garantía de protección para el menor que ha sido víctima de abuso, ya que proceso judicial dura de media tres años, en los que los niños tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta.

Además del trauma que supone para el niño, declarar en estas condiciones suele llevar a que los testimonios no sean tenidos en cuenta y el caso sea sobreseído, lo que ocurre en casi 8 de cada 10 procesos en la Comunitat Valenciana, provocando que el abusador pueda seguir en contacto con el niño.

A nivel nacional, según el informe, las denuncias por abusos sexuales a menores han aumentado un 15 por ciento, pero el 70 % de los casos no son juzgados porque la única prueba es el testimonio del niño y es difícil que lo mantenga en procesos que duran una media de tres años.

El perfil de la víctima, que siempre son menores con baja autoestima, en el caso de las niñas tiene entre 7 y 10 años y su abusador es del entorno familiar, y en los niños se produce entre los 11 y 12 años por parte de un adulto con autoridad, como profesor, entrenador o monitor.

La ONG urge a aprobar una ley para la erradicación de la violencia contra la infancia que superen "los fallos en el sistema de prevención, detección y protección de los niños víctimas en España".

Según Rodrigo Hernández, responsable de la organización en la Comitat Valenciana, "muchos de los profesionales que más tiempo pasan con los niños no tienen formación específica sobre abusos sexuales y muchas veces no saben reconocer lo que está pasando, por lo que no se puede garantizar la absoluta protección del niño o niña"