Uno de cada tres municipios extremeños que se encuentran situados en Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de incendios no tiene aprobado su plan periurbano de prevención. En concreto, se encuentran en esta situación 59 de las 176 localidades comprendidas en estos espacios clasificados como de mayor peligro de fuegos.

La mayor parte de ellos (57) tienen el plan en trámite, una fase que, según se precisa desde la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, supone que están en el procedimiento de revisión anterior a la renovación pasados cuatro años desde que fue aprobado; en estudio técnico una vez presentados por los ayuntamientos; o en el de elaboración técnica por parte del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. En cuanto a los 212 municipios que están fuera de las ZAR, 89 lo tienen aprobado (42%), 42 en trámite (19,8%) y los restantes 81 (38,2%) carecen de él.

«Se debe exigir que existan planes en todas las zonas de alto riesgo declaradas por las comunidades autónomas.

Simplemente hay que cumplir la normativa vigente», esgrime Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. El Plan de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura (Preifex) establece las medidas generales preventivas contra incendios forestales, que se realizarán en las urbanizaciones aisladas por sus titulares y en las zonas periurbanas por los ayuntamientos, mediante estos planes. Su no elaboración «así como el incumplimiento de las medidas preventivas contenidas en los mismos» están calificados como infracciones, recuerda este experto.

«Dos terceras partes de los municipios en Zonas de Alto Riesgo cuentan con el plan aprobado cuando tenía que ser 100%.

Y no basta con que existan, sino que tienen que ser ejecutados», recalca De la Calle, que agrega que es muy habitual que tras hacerlos «se queden en la estantería de alguna dependencia municipal cogiendo polvo».

Estos instrumentos de gestión, precisa, son la forma más eficaz de mejorar las acciones de prevención ya que a través de ellos se planifican las actuaciones destinadas a reducir el número de incendios y sus consecuencias en caso de ocasionarse. «Actualmente los medios de extinción y de protección civil no pueden ni deben asumir toda la responsabilidad y no pueden ponerse en una situación de riesgo continuo, particularmente si no se han observado las mínimas normas de autoprotección y prevención. No estamos hablando solo de un problema medioambiental, se trata de un problema de seguridad nacional», argumenta.

En el momento en el que un incendio forestal afecta «a una interfase urbano-forestal cambian completamente las condiciones a las que se enfrentan los equipos de extinción», sostiene.

El procedimiento de la extinción pasa a ser entonces de «defensa en lugar de ataque, aumentan los riesgos, hay que tomar decisiones como evacuar o confinar y el escenario del operativo de extinción tiende a complicarse al intervenir muchísimas más variables». En este sentido, para poder tomar decisiones que sean «eficaces y seguras, es imprescindible que las urbanizaciones estén preparadas para la autoprotección, con planes realizados por profesionales forestales».

Por otro lado, este año, además, las copiosas lluvias de la primavera han provocado una proliferación «de la vegetación herbácea, y el crecimiento de matorral», lo que puede hacer que aumente «exponencialmente el peligro de grandes incendios» en buena parte del territorio español si se dan las circunstancias de viento o temperaturas propicias para ello, precisa el secretario general del colegio de ingenieros técnicos forestales.