Se denomina ‘pobreza energética escondida’ y técnicamente se define como la proporción de hogares cuyo gasto energético es inferior a la mitad de la mediana nacional. En Extremadura este fenómeno, que se asocia en su mayor parte a una limitación de las necesidades energéticas por debajo de lo que sería deseable para mantener un nivel mínimo de confort, afecta a más de un 15% de los hogares, según el informe ‘Actualización de indicadores de la estrategia nacional contra la pobreza energética’, que con datos del 2019 ha publicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Eso supone, de acuerdo a las estadísticas del INE sobre número de hogares en ese año, que en torno a 65.000 de ellos se encuentran en esta circunstancia en la comunidad autónoma.
El indicador extremeño figura entre los más elevados del país, sobrepasando casi en cinco puntos porcentuales el promedio nacional. Queda solo por detrás de los de Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla.
El estudio apunta, además, cuál es el perfil más frecuente de las familias que padecen pobreza energética escondida. Así, esta situación tiene una especial incidencia en los hogares en los que la persona principal está en el paro, en los que la proporción casi se duplica, del 20,32% a nivel nacional. Prácticamente la misma que se registra en el tramo con menor renta de los cinco que se consideran (20,55%). En este último aspecto se aprecia cómo el problema va reduciéndose a medida que aumenta el poder adquisitivo, hasta situarse en solo un 4,35% en el segmento más alto, una presencia que el informe justifica en hogares con un comportamiento más eficiente y que disponen de un mejor equipamiento. En cuanto al número de integrantes del hogar, aquellos unipersonales de 65 años o más y los de una pareja con tres o más hijos son los que ofrecen unos índices más elevados.
Además de este indicador, el análisis del ministerio incluye otros tres vinculados a la pobreza energética, en los que Extremadura sigue apareciendo entre las regiones donde son más preocupantes y que coinciden en reflejar unos valores superiores entre las familias más desfavorecidas: aquellas con miembros en desempleo, rentas más escasas, y pisos con alquiler de renta antigua y sin calefacción.
Uno de estos indicadores es el de gasto energético desproporcionado, que es el porcentaje de hogares donde la participación del desembolso en estos suministros es más del doble de la mediana nacional, algo que se produce en cerca de una cuarta parte de los hogares extremeños (23,3%), apenas sobrepasados por los de Castilla-La Mancha y Murcia.
También se refleja si se tiene o no la posibilidad de mantener una temperatura adecuada en la vivienda durante el invierno, algo que en todo el país no son capaces de conseguir 3,5 millones de personas y un 11,5% de los hogares extremeños, la segunda cifra más alta de ‘ranking’ autonómico, tras la de Castilla-La Mancha.
Por último, se muestra qué parte de los usuarios acumula retrasos a la hora de pagar sus facturas de suministros eléctricos, algo que ocurre con un 7,9% de la población extremeña. En estas dos últimas variables, son los hogares formados por cinco integrantes o más los que presentan peores situaciones.
Impacto de la covid
El informe del Ministerio para la Transición Ecológica confirma en el 2019 una mejora respecto al año anterior en estos cuatro indicadores principales sobre pobreza energética en España. No obstante, como subraya el propio trabajo, los valores incluidos en él no recogen aún el impacto que está teniendo la pandemia en la cobertura básica de los suministros de energía de los ciudadanos.
En este sentido, el último Boletín de indicadores eléctricos que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revela cómo este problema puede estar incrementándose en todo el país. Conforme a él, en junio pasado los consumidores acogidos al bono social, el descuento de entre el 25% y el 40% al que pueden acogerse determinados colectivos con escasos recursos, marcaron en España un nuevo máximo, con 1,294 millones de usuarios. Son 66.479 más (+5,4%), de los que había al arrancar el año.
El total de hogares receptores del bono social eléctrico se distribuye casi a partes iguales entre los consumidores vulnerables (673.736) y los vulnerables severos (620.100). Entre estos últimos, por tipo de colectivo, el más numeroso es el de las unidades familiares sin menores, con más de la mitad del total (359.363), por encima de las familias numerosas (87.400); los pensionistas (63.291); y las familias con un menor (66.780) o dos (42.266) a su cargo.
En Extremadura, con datos hasta mayo pasado, había 67.496 beneficiarios acogidos al bono social eléctrico, de ellos 43.695 en la provincia de Badajoz y 23.801 en la de Cáceres, según la información recogida en una respuesta del Gobierno al senador malagueño Miguel Ángel Heredia (PSOE). Entre abril y mayo, se registraron 457 nuevas altas.
El Gobierno ha aprobado un nuevo supuesto de acceso al bono social eléctrico destinado a paliar los efectos de la covid en este ámbito. Este cambio permitirá que obtengan el descuento los consumidores que estén en paro, incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo, con jornada reducida, o con algún miembro de la familia en esas circunstancias, o bien aquellos empresarios que hayan visto reducidos sus ingresos en un 75%.
