Entre el 2011 y el 2017 la Administración retiró en Extremadura una media superior a las 650 pensiones no contributivas al año después de revisar el resto de ingresos de sus perceptores o los de su unidad económica de convivencia, que es la conformada junto con el resto de personas que residen en el mismo hogar y están unidas por una relación acreditada. Por clase de pensión, 3.241 de estas extinciones correspondieron a prestaciones de jubilación y 1.325 a las de invalidez.
La finalidad primordial de las pensiones no contributivas es asegurar una cobertura asistencial a aquellas personas que no hayan cotizado o lo hayan hecho en tiempo insuficiente para tener acceso a una prestación de carácter contributivo y que, además, carezcan de las rentas o ingresos económicos mínimos para su subsistencia. En Extremadura son 13.004 los perceptores —a fecha de agosto—, 7.645 de pagas de jubilación y 5.539 de las de invalidez. A nivel nacional, hay 452.545 y 195.737, respectivamente, lo que suma un total de 452.545 beneficiarios.
La gestión y reconocimiento del derecho a obtener estas pagas los realizan las comunidades autónomas, que tienen transferidas las funciones y servicios del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso). En el caso de Extremadura, se encarga la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
De acuerdo a los datos contenidos en el informe sobre evolución de la gestión del Imserso del 2011 al 2017, en ese periodo se extinguió el derecho a recibir 4.566 pensiones no contributivas en la región por razón de otros ingresos. A esta privación puede llegarse por dos vías. Una de ellas, la de menor incidencia, es el proceso de comprobación anual que se efectúa con el fin de regularizar el importe de la pensión percibida en el ejercicio anterior y establecer la cuantía para el actual. Con este fin, se requiere a los pensionistas a presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de los ingresos computables, ya sean propios o de las personas que integran la respectiva unidad de convivencia, y referidos tanto al año precedente como a los previstos para el año en curso. Con una media de unas 14.000 revisiones anuales a pensionistas extremeños, por este motivo se han producido 451 extinciones, 103 por ingresos personales y 348 de la unidad de convivencia.
Durante el 2017, de las 359.456 declaraciones presentadas, se efectuó una revisión anual a 288.557, un 63,4% de los pensionistas que figuraban en nómina a diciembre del 2016. Casi en nueve de cada diez revisiones de este tipo se vio confirmado el importe de la prestación, en algo más de un 8% de los casos se modificó, y en un 2,4% se extinguió el derecho.
El grueso de las pérdidas de pensión se produce, no obstante, por un segundo tipo de revisiones, que son las que se producen bien a iniciativa del órgano gestor, bien por solicitud del interesado o de su representante y que pueden acabar también en modificación de la cuantía o en su retirada. Esta fue la causa de la desaparición de 4.115 pensiones entre el 2011 y el 2017, 2.838 por los recursos económicos del beneficiario y 1.277 por los que iban a parar a otros miembros del hogar. En lo que va del 2018, sumaban otras 374.
De 2011 a 2017 se han efectuado 512.758 revisiones de este tipo en España (58.477 de ellas en Extremadura), de las que el 58,4% se han realizado en pensiones de invalidez. El 44% de estos expedientes acabó con la extinción del derecho.
Respecto a los otros motivos que estuvieron detrás de la pérdida del derecho a recibir una pensión no contributiva, en 3.484 casos fue por el fallecimiento del pensionista; 45 por su grado de minusvalía; ocho por cuestiones relacionadas con la residencia legal; y 1.310 aparecen bajo el epígrafe ‘otras causas’.
