Un estudio realizado por el sindicato de UGT revela los problemas de acceso al mercado laboral ordinario por parte de las mujeres con discapacidad, de hecho este informe pone de manifiesto que el 69% de este colectivo sólo han tenido oportunidad de trabajar en Centros Especiales de Empleo (CEE).

El estudio, que se ha realizado a través de encuestas a las trabajadores de los CEE de Cocemfe, ONCE, Manufacturas Norba y Fitex de Cáceres, ha sido presentado hoy por la coordinadora de Igualdad en UGT, Cristina García y la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, Marisa Caldera.

García ha manifestado que este informe parte de la detección de la problemática de que "ser mujer y discapacitada lleva asociado mayores problemas para acceder al ámbito laboral".

Así, ha señalado que de las encuestadas, el 69% el año antes de entrar al centro se encontraban en sus casas o estudiando y que "sólo el CEE les dio una oportunidad de poder trabajar".

Esto se debe principalmente, ha indicado García, a que en el ámbito empresarial sigue existiendo un "gran desconocimiento" del ámbito de la discapacidad y tienen "miedo" al absentismo laboral, sin embargo, ha añadido, "ninguna de las mujeres encuestadas tuvo una baja larga en todos los años de trabajo".

El estudio revela además que el 45% de las mujeres que trabajan en los CEE tienen entre 34 y 50 años y que el 42% cuenta con estudios universitarios.

También destaca, ha apuntado la responsable de Igualdad de UGT, que en el 31% de los casos, son ellas las que mantienen con este trabajo a la familia, dado que en su mayoría su cónyuge también tiene alguna discapacidad.

Las mujeres que han podido acceder a algún puesto de trabajo de estos centros, ha recalcado García, encuentra "estabilidad" en el mismo y "no se plantean realizar un cambio para trabajar en el mercado laboral ordinario, porque se sienten cómodas y entienden que los empresarios desconocen la discapacidad".

Por todo ello, desde UGT concluyen que las mujeres con discapacidad tienen "escasas o nulas posibilidades de acceder al mercado de trabajo, percibir ingresos y mejorar su situación".

Para cambiar esta situación, se requiere "un compromiso real y efectivo por parte de los poderes públicos que teniendo en cuenta esta situación de doble desventaja sean capaces de favorecer a este grupo, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar".