Siete de cada diez inquilinos de viviendas de promoción pública de la Junta de Extremadura estarían dispuestos a adquirir la casa en la que residen. Son conclusiones preliminares del trabajo de campo que está llevando a cabo la empresa Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura (Gisvesa) encuestando a los arrendatarios. Desde que se ha iniciado el estudio, hace poco más de un mes, se ha contactado con 3.498 inquilinos de las más de 13.000 viviendas que integran el parque de promoción pública de la Administración regional y de ellos se ha obtenido respuesta en este tiempo de alrededor del 84% (algunos no quieren contestar y se ha descartado todo lo que no sea vivienda como garajes).

De los más de 3.000 que han respondido, un 73% (alrededor de 2.100) estarían dispuestos a comprar la vivienda que habitan en ese momento, según los datos que ofreció ayer el responsable de Gisvesa, Lorenzo de la Calle, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda del Parlamento extremeño para informar sobre el desarrollo de las encomiendas de gestión.

«Es un dato importantísimo desde el punto de vista del acceso a la vivienda», resumió el gerente de Gisvesa sobre los primeros datos.

Registro/ Entre estas encomiendas está también la elaboración de un registro de demandantes en relación al activo de vivienda existente en la región, para contar con una base de datos única.

El responsable de la empresa pública Gisvesa habló también de que se ha llevado a cabo una recogida de datos en todas las entidades locales, sobre la ejecución hipotecaria de las familias a través de las entidades financieras, para llevar a cabo actuaciones preventivas.

Además, De la Calle explicó que también se están estableciendo protocolos de actuación y de colaboración, con los registros de la propiedad y el Tribunal Superior de Justicia o los ayuntamientos, «de cara a establecer las pautas a seguir» por este sistema de intermediación.

Sobre este tema también explicó que a través de la encomienda de gestión en marcha se creará una bolsa de vivienda en conexión con el Observatorio de la Vivienda de Extremadura, que formarán inmuebles procedentes de entidades públicas y privadas, para gestionar posibles contratos de compraventa y alquiler, y también realizar una labor de intermediación en ese área.

Por otro lado De la Calle defendió que la selección de personal por parte de Gisvesa para llevar a cabo estas encomiendas se ha realizado atendiendo a criterios de «objetividad y transparencia». El diputado del PP Saturnino López Marroyo había criticado la falta de transparencia y una «batería de preguntas» sobre los criterios de selección aplicados.