Más de 1.500 camiones extremeños pertenecientes a unas 700 empresas de transporte, cerca del 40% de la flota regional, pararán su actividad los días 19 y 20 de septiembre en protesta por el encarecimiento del gasóleo y la negativa de sus clientes a aceptar una subida de tarifas. Estas empresas, pertenecientes a la Agrupación General de Transportistas de Extremadura (AGT), se sumarán así al paro nacional convocado por la patronal de transporte de mercancías por carretera Fenadismer, tras la asamblea general extraordinaria celebrada ayer en Madrid entre todos los asociados.
El paro se llevará a cabo desde las 00.00 horas del lunes 19 hasta las 24.00 horas del martes 20 y pretende ser "un toque de atención", además del inicio de un calendario de protestas como consecuencia de la situación del sector, según manifestó ayer el presidente de la agrupación extremeña, Mario Angel Aza.
En cuanto a la otra asociación extremeña de empresas de transporte (Asemtraex), a la que pertenecen más de 800 empresas de la región, de momento mantendrá una reunión en Madrid el próximo día 13 con la patronal a la que pertenecen para estudiar las medidas a tomar. Según indicó el presidente de Asemtraex, Angel Bueno, "el objetivo es tomar una decisión porque la situación que vivimos en estos momentos es insoportable".
El sector extremeño sostiene que en los últimos meses han sido más de 280 los camiones de empresas de la comunidad --lo que supone entre un 5 y un 7% de la flota regional-- los que han tenido que parar su actividad al no compensarles la realización de portes. Además, insisten en que las pequeñas y medianas empresas se están viendo obligadas a cerrar y ya hay muchas que están "en la cuerda floja".
El incremento del gasóleo ha generado un sobrecoste medio de más de 8.000 euros por camión y año, indican las empresas, que inciden en que sólo en los últimos doce meses el precio del carburante se ha encarecido en más de un 24%.
Fenadismer insiste en que cargadores e intermediarios permitan una subida de tarifas, y que Gobierno y comunidades autónomas establezcan los mecanismos administrativos y fiscales necesarios para eliminar los abusos y las prácticas ilegales.
También reclama un cambio urgente en la postura de la Dirección General de Transportes por Carretera en las negociaciones que mantiene con el sector desde junio.
