El 74% de los extremeños considera que no es necesario ampliar el número de días festivos que abren los comercios y los horarios de apertura de las tiendas en la región, según se desprende del Barómetro de Satisfacción del Consumidor Extremeño. El estudio fue presentado ayer por el presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), Javier Rubio, con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra hoy, y recoge los resultados de 1.240 entrevistas personales que han sido realizadas en la comunidad.

Por ciudades, es Badajoz la más proclive a aumentar los horarios comerciales, pues un 35% de los encuestados de esta localidad así lo señalado; seguida de Plasencia y de Cáceres, aunque son "mayoría" quienes creen que el comercio tiene ahora unos horarios adecuados, según este estudio.

Rubio manifestó que abrir más festivos puede producir que la competencia "se vaya poco a poco rompiendo en favor del más grande y en perjuicio del más pequeño", al tiempo que ha explicado que los extremeños no tienen aún asociada la compra al ocio, algo que "no es bueno asociar" porque disponen de "menos recursos". El presidente de UCE añadió también que si los ciudadanos no compran más es porque no poseen "más recursos" y aseguró que abrir más festivos o ampliar los horarios comerciales de los establecimientos podría suponer "la muerte del comercio" en algunas ciudades de la comunidad.

Dos de cada tres extremeños han indicado en la enucesta que realizan sus compras en supermercados y casi la misma cifra opta también por los negocios de barrio y grandes superficies, un 10% ha contestado que utiliza internet y un 6% ha expresado que acude al comercio asiático o tiendas de "todo a 100".

En cuanto a las mejoras que deben realizarse en este sector, el 35% de los encuestados ha citado los precios, y el 18% la atención al cliente, un aspecto este último que Javier Rubio ha subrayado que debe tenerse aún más en cuenta por el pequeño comercio. El estudio concluye que la insatisfacción de los extremeños es más acusada en el sector de las telecomunicaciones, donde dos de cada tres ciudadanos cree que le cobraron servicios no contratados o le aplicaron mal las tarifas y promociones ofertadas.