Un total de 75 empleados de Carcesa, actualmente en situación concursal, no están acudiendo a sus puestos de trabajo aunque fuentes de la empresa descartan que se trate de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "encubierto", como apuntaba ayer el sindicato CCOO. Estos trabajadores fijos-discontinuos, que pertenecen a las tres plantas que Carcesa tiene en la región (Mérida, Don Benito y Montijo), suelen trabajar unos nueve meses al año en función de las campañas y la producción. Las citadas fuentes no suscriben que su ausencia laboral se deba a un ERE encubierto sino a que "no hay trabajo". En todo caso, de producirse, este sería dictaminado por el administrador judicial, en cuyas manos se encuentra la empresa, y no por la familia Ruiz Mateos. La voz de alarma sobre un posible ERE provino ayer del secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, quien acusó a la familia Ruiz-Mateos de incumplir el compromiso que asumió con la Dirección General de Trabajo y los sindicatos el pasado mes de marzo de firmar un protocolo global de regulaciones temporales de empleo en sus empresas y facilitar a los trabajadores el cobro de salarios pendientes a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Según él, este incumplimiento de Nueva Rumasa deja sin salario y sin posibilidades de acceder a prestaciones por desempleo a más de 3.000 trabajadores de las empresas alimentarias del grupo Nueva Rumasa.
El sindicato recordó que, actualmente, a algunos trabajadores del ´holding´ familiar se les adeuda una media de dos mensualidades, cuatro en el caso de Clesa, y que la actividad productiva, en general, es muy baja o está paralizada.
