Ochocientos treinta y cinco jóvenes extremeños han solicitado ayudas a la primera instalación en el marco de la convocatoria publicada a finales del pasado mes de diciembre. En la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio explican que en estos momentos se están "analizando los expedientes y su plan empresarial" y que los datos definitivos no estarán hasta septiembre.

A juicio de José Cruz, secretario de Agricultura de UPA-UCE, se trata de "un número bajo para el potencial y las necesidades que hay en el sector de cara a facilitar que haya un relevo generacional", si bien reconoce que puede considerarse una cifra "importante" si lo que se tiene en cuenta es "el momento que vive la agricultura". Aunque se trate de una actividad "apasionante", afirma, por delante lo que queda para quien empieza ahora "es muchísimo trabajo y enfrentarse a muchísimas dificultades".

El montante presupuestado para estas ayudas es de 22 millones de euros. La ayuda comprende dos conceptos: una prima básica y unos incrementos. La primera de ellas tiene una cuantía de 15.000 euros, que se puede aumentar hasta un máximo de 70.000 en función de las actuaciones y gastos que incluya el plan empresarial --como compra de tierras, maquinarias, inmuebles o animales-- o por la generación de empleo adicional.

José Cruz sostiene que estas ayudas resultan "escasas", dado el esfuerzo económico que hay que hacer para poner en marcha una explotación agraria. Los precios de la tierra "son altísimos", y a ellos se suman las inversiones relativas a la mecanización de las tareas y los propios del cultivo que se emprenda. Unos costes que son "un obstáculo muy grande si no tienes detrás a la familia". En este sentido, añade, muchos de estos jóvenes que inician una actividad agraria lo hacen porque cuentan con este respaldo, ya sea en forma de tierras o de financiación. "Si no, es muy complicado que puedan salir adelante", indica.

LOS REQUISITOS Los beneficiarios de las ayudas deben contar con entre 18 y 41 años. Otras de las exigencias recogidas en el decreto de convocatoria son presentar un plan empresarial que se prolongue durante cinco años y "contar con la capacidad y las competencias profesionales o académicas adecuadas", aunque para esto se concede hasta un año de prórroga desde la fecha de certificación de la ayuda. Esta capacitación puede acreditarse bien si se posee el título académico o se han superado enseñanzas profesionales de las ramas agrarias o alimentarías específicas bien realizando un curso de incorporación a la empresa agraria, homologado por la Administración autonómica.

José Cruz coincide en que la formación es uno de los aspectos clave para potenciar el relevo generacional --"La agricultura de hoy no tiene nada que ver ya con la de nuestros padres", aduce-- pero incide además en que haya "una mayor simplificación" en el proceso de la concesión de las ayudas, que puede llegar a prolongarse, precisa, dos años.

Con vistas a facilitar la trasmisión de las explotaciones y el relevo generacional en el campo también cree que "no estaría mal que se recuperara el cese anticipado de la actividad agraria", al tiempo que lamenta que haya agricultores que tengan que estar "hasta los 65 o los 67 años trabajando" para tener luego, además, pensiones muy bajas. "En actividades mucho menos peligrosas y sacrificadas --recuerda-- se están afrontando prejubilaciones con 52 o 53 años".