El 90% de los jueces extremeños secunda la huelga, según los convocantes, y el 62,5%, según el TSJEx

Mientras que el TSJEx asegura que el seguimiento asciende al 62,5 por ciento de los jueces magistrados de Extremadura, mientras que el porcentaje de fiscales se sitúa en el 13,46 por ciento.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) añade que "se han suspendido", especialmente en las capitales de provincia, Cáceres y Badajoz, los juicios y vistas señaladas, así como las declaraciones.

Por su parte, el juez decano de Cáceres, Joaquín González Casso, tras la concentración que los jueces y fiscales han realizado a las puertas de los juzgados cacereños, señala como motivo de protesta por la reforma del sistema judicial y la falta de medios técnicos y humanos, entre otros asuntos.

González Casso señala que en algunas ciudades como Badajoz el paro ha llegado al 100 por cien, mientras que en Cáceres la cifra de jueces que han hecho huelga ronda el 95 por ciento, lo que ha llevado a que se hayan tenido que suspender unos 300 juicios en toda Extremadura, según el titular del Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres, el magistrado Mariano Mecerreyes.

Entre las reivindicaciones de los jueces y fiscales se encuentra la petición del incremento de la inversión pública en Justicia para "disponer de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo a las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y prestar un servicio público a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales".

Igualmente también se pide la "paralización inmediata" del proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que consideran que con la reforma que se plantea "pasa a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia" y "se crea un espacio de impunidad frente a la corrupción".

"Sorprendentemente los dos partidos mayoritarios, que están a la gresca en muchos temas, se han puesto de acuerdo en la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial con la finalidad de crear un espacio de impunidad frente a la corrupción", apunta González Casso.

En este sentido, recuerda que son los partidos políticos los que designan los vocales del CGPJ y que es este órgano el que nombra a la "alta magistratura española" por lo que el juez decano cacereño entiende que "están buscando un espacio de impunidad frente a la corrupción".

Respecto a este tema también critica la escasez de medios materiales y personales para luchar contra la corrupción y recuerda que en Extremadura se están llevando algunos casos de este tipo "con causas de 3.000 y 4.000 folios y con escasos medios", recalca.

Otro de los asuntos que pide el colectivo judicial es la derogación de la Ley 10/2012 sobre las tasas judiciales o una "modificación urgente de la misma" ya que considera que esas tasas son "abusivas".

González Casso subraya que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "ha decidido descolapsar los juzgados impidiendo a los ciudadanos acudir a los tribunales, mediante unas tasas abusivas" y como dato indica que en la jurisdicción de lo contencioso, social y civil de los juzgados de Cáceres han entrado, en enero de 2013, la mitad de las demandas que se registraron en noviembre de 2011.

Finalmente los jueces piden también una reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad "incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas". "Todos los indultados han sido condenados antes porque no hay indulto sin condena", sentencia el juez decano de Cáceres respecto a este asunto.