960 extremeños figuran en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Este listado recoge los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía. Aparecen todos los condenados, con independencia de la edad de la víctima, y el desglose regional se realiza en función de la ubicación geográfica del tribunal sentenciador. En total, al cierre del ejercicio pasado en él se recogían las referencias de más de 43.000 condenados.

A este registro tienen acceso jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, a través del personal de la oficina judicial autorizado, el ministerio fiscal, y la policía judicial en el ámbito de sus competencias.

Desde la puesta en marcha de este registro hace ya cerca de dos años, los certificados de antecedentes sexuales emitidos por Justicia se han aproximado a los cuatro millones (1.985.551 en el 2016 y 1.996.658 en el 2017). Más de la mitad (2,25 millones) han sido tramitaciones masivas a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) —aquí se incluirían las realizadas desde distintas administraciones para empleados públicos— y los restantes 1,72 millones por los propios ciudadanos. En este periodo, la cifra de certificados positivos ha sido de 1.100 por lo que, en principio, estas personas no habrán podido desempeñar ningún tipo de ocupación relacionada con los menores.