Los despachos de los abogados y los procuradores de la provincia de Badajoz no tienen capacidad para procesar la "avalancha" de trámites procesales que les llegará una vez cese la huelga que mantienen los funcionarios de Justicia desde el 4 de febrero, según advirtieron ayer el decano del Colegio de Abogados de Badajoz, Luis Márquez, y su homólogo del Colegio de Procuradores, Hilario Bueno.

Estos profesionales van a solicitar una reunión con el secretario coordinador de la provincia y el juez decano para "racionalizar la salida de la huelga", porque, según aseguraron, "si la situación es caótica ahora, será más grave después".

Ambos decanos denunciaron ayer la "importante paralización" de procedimientos jurisdicionales que está ocasionando la huelga, pero sobre todo el hecho de que "muchos derechos no están siendo ahora mismo atendidos ni defendidos. Los intereses de los justiciables, normalmente los más desfavorecidos, se están viendo seriamente perjudicados". Sin embargo, "la Administración de Justicia está callada frente a una serie de problemas que afectan a los ciudadanos", según Luis Márquez.

La huelga mantiene paralizados los despachos profesionales, lo que supone "un quebranto a la profesión, que está viendo muy mermados sus ingresos".

Pero lo que más preocupa ahora al colectivo de abogados y procuradores es "el día después, cuando la huelga se levante y la Administración de Justicia empiece a despachar asuntos que van a colapsar los despachos, impidiendo que podamos ejercer la defensa de los clientes".

Los cerca de 6.000 juicios suspendidos en la provincia hasta el momento se tendrán que volver a señalar, más los nuevos que entren, lo que obligará a hacer un plan "entre las partes implicadas para salir del atasco".

Para Márquez, el ´plan de choque´ del Ministerio de Justicia no es tal. "Cualquier plan de choque que no cuente con la colaboración necesaria de abogados y procuradores no es un plan de choque, será otra cosa".

Bueno dijo no entender "cómo no se llega a una solución si se trata de un reivindicación justa y lo que se pide es perfectamente asumible por el Gobierno" y criticó que "los servicios mínimos no sean más amplios".

Pensiones de viudedad, de manutención, indemnizaciones, permisos de reclusos, embargos e ingresos en prisión, entre otros asuntos, están paralizados.