El equipo de abogados de la organización agraria UPA-UCE ha recurrido el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida que solicita la apertura de procedimiento abreviado para siete de los investigados y la propia organización agraria, dentro del proceso al que dio pie la Operación Tellus. Consideran que la jueza se ha centrado «únicamente en los atestados policiales que hubo en un primer momento» y que en el transcurso de la instrucción se han acumulado «pruebas e informes más que suficientes que avalan que la imputación inicial no era cierta». Según han hecho constar en sus escritos (presentados el martes, cuando se agotaba le plazo para recurrir) en el auto no se hace mención a distintos informes que se fueron recabando en el transcurso de la investigación y que sustentarían que no existió «el carrusel financiero» al que hace referencia el auto. Solicitan además la nulidad de todas las actuaciones que se hayan llevado a cabo más allá de enero del 2019, cuando concluyó el periodo de instrucción.

En el auto del día 8 de octubre, la juez solicita el inicio de procedimiento abreviado y el traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias. En el documento, de 20 páginas, la jueza aprecia que los hechos investigados a siete integrantes de la organización agraria UPA-UCE (entre los que están el secretario general Ignacio Huertas y el secretario de organización Maximiliano Alcón) podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública de fraude de subvenciones, un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de pertenencia a organización criminal y un delito continuado de falsedad documental.

El auto recoge las investigaciones de la Guardia civil sobre lo que califica como un «plan criminal» y con el que, supuestamente, se captó afiliados para que solicitaran una subvención por asesoramiento agrario que sería tramitada por UPA-UCE y que «una vez obtenida la subvención, la misma revirtiera en las arcas» de la organización agraria «haciéndoles creer que con el dinero de esa subvención se pagaba el servicio de asesoramiento agrario». Según describe, con ese procedimiento se generaron las operaciones por las que «falsamente justificaron cobros por asesoramiento agrario, lo que les permitió falsificar las facturas de esos cobros».

El recurso presentado por los abogados de UPA-UCE contra el auto no paraliza el procedimiento, aunque la jueza deberá pronunciarse sobre el mismo.