José Vicente Granado (Pescueza, 1975) conoce de cerca la dependencia. Ha sido alcalde durante doce años de uno de los municipios extremeños modélicos por la atención a sus mayores, Pescueza (Cáceres, 151 habitantes). Y de allí, el pasado verano dio el salto a la dirección del Servicio Extremeño de Promoción y Atención a la Depedencia (Sepad). Entre los principales retos que tiene por delante está bajar la doble lista de espera que existe en el sistema extremeño de la dependencia, que suma 7.600 personas pendientes de ser valoradas y otros 6.300 que ya tienen un dictamen pero todavía reciben las prestaciones que les corresponden por ley.

-Con estos datos, ¿es posible dejar a cero las listas de espera o eso es una utopía?

-No es una utopía, para nosotros es un compromiso. Queremos llegar a cero, de hecho el nuevo decreto que se acaba de poner en marcha nos marca seis meses para poder valorar a la gente. Después está la segunda parte, que el Estado abone su parte de la financiación.

-¿Qué van a suponer los cambios normativos que han entrado en vigor esta semana en la región?

-No tenemos datos concretos, pero sí tenemos la seguridad de que vamos a reducir esa lista de espera. Ese será el resultado de las novedades que se han puesto en marcha, estamos convencidos porque son cambios importantes. Pasar de dos visitas a la casa del usuario a solo una visita hará que los equipos del Sepad puedan valorar a más gente.

-¿Qué otros cambios se producen para aliviar esa lista?

-Antes, además, los equipos tenían un trabajo administrativo que era gestionar las citas y los informes, ahora habrá un ‘call center’ que se encargará de gestionar esas citas y vamos a evitar que el profesional que está valorando tenga que dedicarse a ese trabajo administrativo. Luego están los informes que harán los servicios sociales de base que nos van a dar una radiografía de la situación en la que se encuentra la persona dependiente. Así se va a conseguir también liberar a los profesionales de los equipos para que su gran trabajo se focalice en la valoración de los usuarios solo y exclusivamente.

-¿Y qué pasa con esa otra lista de espera con 6.300 dependientes pendientes de recibir su ayuda?

-Depende de esa segunda parte que decía. Para eso necesitamos que el Estado adquiera su compromiso de aportar el 50% del coste del sistema de la dependencia, como establece la ley, para que podamos tener las prestaciones bien dotadas económicamente. De todas formas, hay una cosa clara, y es que independientemente de que esas personas estén en proceso de espera, nosotros no dejamos de atender nunca a quienes necesitan ayuda: video vigilancia, ayuda a domicilio...

-O sea, que el Estado no está pagando su parte de la dependencia.

-No. En estos últimos años las comunidades autónomas estamos aportando en torno al 80% de la financiación total y el Estado sobre el 20% restante.

-¿Es sostenible el sistema de la dependencia tal y como está planteado sin esa cofinanciación real?

-No. La cofinanciación es necesaria e imprescindible. Llevamos así desde el 2011, con el Gobierno de Rajoy, que fue quien nos la rebajó. Y eso es lo que nos está haciendo engordar esa lista de espera.

-Pero el gobierno actual tampoco ha aumentado ese porcentaje de cofinanciación...

-Si se hubiesen aprobado los presupuestos que tenían acordados el PSOE y el grupo Podemos a Extremadura le habrían llegado 24 millones de euros extra para poder cubrir ese déficit que tenemos en las prestaciones o los recursos a estas personas que ya tienen grado o nivel reconocido. Es verdad que necesitamos que esa financiación venga del Estado, sino es difícil que el sistema sea sostenible. La Ley de la Dependencia necesita estar dotada económicamente, si no no podemos cumplir con lo que nos exige la propia ley. Si se hubiera aprobado el proyecto de presupuestos con los 24 millones extra que le correspondían a Extermadura hubiéramos quedado las listas de espera prácticamente a cero.

-¿De cuánto dinero hablamos?

-El sistema de la dependencia supone en Extremadura ahora mismo unos 80 millones de euros, de los cuales 64 millones los está aportando la comunidad. Desde que se puso en marcha la ley hemos recibido ya más de 56.000 solicitudes en Extremadura y ya tenemos cerca de 48.500 dictámenes. Y seguimos creciendo. Este año llevamos ya más de 2.000 solicitudes.

-La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en su último dictamen, ha dado un aprobado a la región por el incremento de beneficiarios en el último año, pero también ha mostrado su «preocupación» porque la mayoría tiene prestaciones vinculadas al servicio, es decir, una ayuda para que ellos se busquen sus servicios.

-Ojalá pudieramos dar plazas residenciales en lugar de la prestación económica, pero no tenemos los números para poder hacerlo. Por eso el Sepad lleva un control de quienes tienen este tipo de prestación vinculada. Eso en principio no es algo negativo, no es recurso malo, pero nos gustaría que pudieran ser plazas conveniadas, sobre todo en centros residenciales, para dar más seguridad al dependiente. Es cierto que tenemos que bajar las vinculadas y crecer en las concertadas, es otro reto pendiente.