Bajo el lema: "El Sexpe destruye 3.000 puestos de trabajo", decenas de representantes de la Asociación de Centros de Formación (Cecap) de Extremadura, apoyados por el PP, se manifestaron ayer en Mérida para advertir que más de 1.500 empleos pueden ser destruidos en el sector si desde la Consejería de Igualdad y Empleo se "sigue favoreciendo el intrusismo de ayuntamientos, patronales y sindicatos". El presidente de este colectivo, Fernando Valbuena, denunció que la Junta "se gasta el dinero en terceros y no en profesionales del sector de la formación", y que de seguir así "los centros pueden perder 1.500 de sus 3.000 empleos", que trabajan en 250 empresas de formación.
Valbuena explicó que el principal cliente de estas academias privadas es la Junta, pero "precisamente ahora, en época de crisis, prefiere gastarse el dinero en financiar ayuntamientos, asociaciones de diverso pelaje, siempre por un criterio político", cuando esa cualificación de los desempleados la deben hacer las empresas del sector.
El problema del recorte de estas subvenciones para el sector privado se cifra en que ha pasado de recibir un 80% a un 55%, mientras que "este año han entrado los ayuntamientos con cerca de un 20%", por lo que "al final va resultar que la hacen los que no son profesionales, y las empresas que sí lo son están condenadas al cierre".
A este respecto, la titular de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, indicó que los centros de formación deberán adaptarse a las "estrategias" de la Junta, a través de un "protocolo de calidad". Hay un nuevo modelo de formación para el empleo, dijo, y "se va a exigir una calidad a los centros que trabajen con la Junta".
