Más facilidades para que las familias desahuciadas puedan ocupar una vivienda social. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto para flexibilizar los requisitos exigidos para que las personas que han sufrido una ejecución hipotecaria puedan ocupar las casas del parque de viviendas regional. Según explicó el consejero de Fomento, Víctor de Moral, el objetivo es ampliar el colectivo de potenciales beneficiarios ya que pese a contar con 80 pisos libres y habitables, 35 familias que habían solicitado el realojo tras sufrir un desahucio se han quedado fuera por no cumplir los requisitos. Desde que se pusiera en marcha la medida, Fomento ha facilitado casa a 11 familias.

Según explicó Del Moral, la nueva normativa se hará extensible con carácter retroactivo a todas las unidades familiares que hayan perdido su vivienda por ejecución hipotecaria desde 2011, además de aumentar el umbral de ingresos mínimos para poder acceder ante estas circunstancias a una vivienda de la Junta (29.000 euros para una familia de cuatro miembros). También se retira el requisito que exigía haber estado viviendo en la localidad al menos tres años y se contempla la posibilidad de entregar una vivienda en un municipio distinto al de residencia habitual. Las casas se adjudicarán en régimen de alquiler por un periodo de tres años prorrogables y no de cinco como antes.

El Consejo de Gobierno ha rechazado sin embargo la tramitación de la propuesta de ley formulada por IU que recogía la expropiación forzosa de viviendas para garantizar un hogar a las personas desahuciadas y en situación de emergencia social. El Gobierno regional concluye, en base a un análisis "incuestionable" de las Consejerías de Economía y Hacienda y Fomento, que la propuesta obligaría a aumentar los créditos de 2013 al incluir nuevos procedimientos administrativos, registros e intervenciones que generarían un coste no previsto en el presupuesto. "El Ejecutivo dispone de medidas claras y contundentes para que nadie esté en la calle. Si alguien precisa una vivienda de verdad, porque no tiene donde vivir, el Gobierno estaría dispuesto a si hiciese falta, que no es el caso, alquilar una vivienda en el mercado libre y ponerla a disposición de esa persona si cumple los requisitos establecidos. Lo que no puede imperar es la ley de la selva, la de la patada en la puerta", ha dicho Del Moral.