El Consejo Rector de la Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extremadura (Acorex) anunica hoy que emprenderá cuantas acciones correspondan "incluidas las penales" contra los integrantes del consejo rector presidido por Manuel Rodríguez Corrales, que se ha declarado ilegítimo por la Junta.

Este órgano dirección, encabezado por José Gregorio Traver, achaca al consejo elegido de manera ilegítima el pasado 5 de diciembre, la presunta comisión de delitos societarios y falsedad documental, así como deslealtad profesional de aquellos que se han prestado a colaborar en sus servicios en contra de los intereses de Acorex.

"Este asalto al poder ha manchado el buen nombre de Acorex y los responsables deben pagar por sus hechos", señala y añade que por "decencia personal y empresarial" estas personas deberían poner en el día de hoy sus cargos a disposición de las asambleas generales de sus respectivas cooperativas.

A su juicio, con independencia de lo que decidan los tribunales deben ser "los ganaderos y agricultores quienes juzguen dicha actuación, decidiendo si mantienen o no la confianza en quienes han puesto en peligro la estabilidad de Acorex y de las propias cooperativas".

La dirección de Acorex considera que tras la decisión de la administración extremeña, "la seguridad jurídica vuelve a imperar" en el seno de la agrupación "despejándose todas las dudas generadas" por las últimas noticias, y adelanta que los trabajadores serán informados de la decisión adoptada apelándoles a que "sigan desarrollando su trabajo con normalidad y profesionalidad".

Insiste en que la decisión de la administración regional traslada además un mensaje de firmeza sobre que el actual consejo rector "es fruto de un consenso democráticamente alcanzado por las cooperativas socias en el mes de mayo de 2013" en una asamblea general correctamente constituida y celebrada.

Este órgano critica el comportamiento "de una serie de personas" que han actuado guiados únicamente "por un ansia desmedida de poder", actuación que se ha visto apoyada "por la conducta inaceptable de varios trabajadores", que "casualmente" son aquellos que gozan de sueldo insostenibles en esta situación económica y que tratan de proteger sus retribuciones frente a la reducción salarial emprendida por el consejo.

También pone en conocimiento de la opinión pública que desde mayo de 2013 varias han estado boicoteando económicamente a Acorex incumpliendo sus obligaciones legales, no comercializando sus productos por esta agrupación o tomando iniciativas en contra de la corporación.

Como ejemplo señala que Manuel Rodríguez Corrales propuso en el seno de la cooperativa Extremeña de Arroces que no se anticipara el dinero de la venta de arroz a Acorex, además de frustrar la intención de efectuar "importantísimas inyecciones de capital" a empresas como Tomix y Tomalia, por importe de 2,5 millones de euros a cada una.

Acorex destaca que este equipo contó en la asamblea de mayo de 2013 con el respaldo de una mayoría absoluta de consejeros que, en su opinión, garantizan la estabilidad del proyecto, ya que cuenta con un órgano de gobierno sólido "que va a seguir trabajando para llevar a buen puerto sus planes de reestructuración y viabilidad".