El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) acogió ayer la primera sesión del juicio contra los miembros del Campamento Dignidad que interrumpieron el informativo de las dos de la tarde de TVE, en Mérida, en febrero del 2014. A los 18 imputados (eran 19 pero uno de ellos falleció víctima de una grave enfermedad, sus compañeros aseguran que no logró curarse porque no podía pagarse las medicinas) el fiscal y el abogado del estado les acusan de un delito de desorden público. También les imputaban coacciones, pero ayer lo retiraron.

Fueron juzgados por el Alto Tribunal porque uno de los acusados, Eugenio Romero, es actualmente diputado en la Asamblea de Extremadura por Podemos. Entre los imputados se encuentra también el excoordinador regional de IU y exdiputado extremeño, Manuel Cañada. Los 18 estuvieron acompañados por medio centenar de compañeros de los Campamentos Dignidad de varios lugares de España. Antes de que comenzara el juicio protagonizaron una protesta frente al TSJEx con una fuerte presencia policial.

9 de los acusados --Vicente Jesús Oliva, Juan José Hidalgo, Cristina Contreras, Lorena Moreno, M Angeles Contreras, Cynthia Suja, Angela Fernández, Miguel Angel Jiménez y Juan Félix Montaño-- alcanzaron un acuerdo con el fiscal para ser condenados a una multa de 540 euros. No pagarán si no tienen antecedentes y si son declarados insolventes.

Los otros nueve comparecieron en el juicio. El primero en declarar fue Eugenio Romero, quien aseguró que la decisión de entrar en TVE se tomó en una asamblea esa misma mañana y que el objetivo era "dar visibilidad a las condiciones de precariedad y pobreza" de la región así como al problema de la Renta Básica. En aquel momento, con la Junta gobernada por el popular José Antonio Monago, habían solicitado esta ayuda 18.000 personas pero ni siquiera 200 la estaban cobrando.

Romero aseguró que aquella fue una más de las múltiples acciones del Campamento Dignidad para reivindicar los derechos fundamentales y que fue "una acción reivindicativa, pacífica y simbólica". Aseguró que desconocían que se estaba emitiendo en directo el informativo y que ninguna persona les impidió pasar. "Es lamentable que en un estado democrático las personas que luchan acaben sentadas en el banquillo y los culpables sigan en su sitio", señaló. Dijo que no dimitirá aunque le condenen. Su declaración fue compartida por el resto de los acusados: Francisco González, M Dolores Gallardo, Isabel Saturnino, Manuel Cañada, Diego Nogales, Jorge Fondón, Petra Parejo y Alicia Pino. Todos se negaron a responder a las preguntas de la abogada del estado, al entender que no tiene legitimidad para representar a RTVE.

En el momento en el que ocurrieron los hechos todos los acusados eran parados de larga duración, muchos sin ningún ingreso. Dos han logrado encontrar un empleo precario y Eugenio Romero es diputado regional, su sueldo es de 4.000 euros, aunque cobra 1.900 y el resto lo dona a entidades sociales. En el juicio se vivieron momentos tensos. Uno de ellos fue el testimonio de Petra Parejo: "Usted no sabe lo que es vivir con 426 euros, que te lleguen los recibos y no poder pagarlos. El día 4 me cortan la luz", espetó al fiscal. El Ministerio Público pide para ellos multas que van de los 3.240 euros a los 324. Solo uno, Jorge Fondón, está acusado también de coacciones al director de informativos. El juicio continuará hoy. Están llamados a declarar como testigos los porteros de RTVE y el director y la presentadora. Las defensas los representan de manera altruista.