¿Por qué si se prevé que Casar de Palomero aumente su población en cuatro habitantes hasta el 2022, el plan de urbanismo contempla la construcción de 663 viviendas en la localidad? Esta es una de las preguntas que lanza la Asociación Abusos Urbanísticos No en Extremadura (Aunext) para explicar su rechazo a los planes urbanísticos del gobierno local. Los propietarios de las cerca de 200 fincas afectadas dicen que la respuesta es que su única pretensión es "construir invasivamente".
La respuesta del alcalde, Eduardo Béjar, es otra. Hay jóvenes, emigrantes retornados y personas que desean instalar una segunda residencia y, para ello, se necesita suelo urbano.
Unos y otros se han enfrascado en una guerra donde el papel parece ser la mejor arma. Mientras Aunext ha entregado 670 firmas contra el plan urbanístico en el ayuntamiento y ha llenado de carteles pidiendo su retirada el municipio, Béjar ha distribuido un escrito defendiéndolo.
Ambas posturas, irreconciliables, tienen un punto en común: todos creen en la necesidad de contar con un plan de urbanismo. Los propietarios de las fincas se niegan a que sea el propuesto, "que confisca nuestras tierras" y que, a su juicio, está "plagado de decisiones arbitrarias, no justificadas y múltiples irregularidades".
El alcalde insiste en que habrá que realizar modificaciones, una vez se cierre el periodo de alegaciones --la fecha se fijará en el pleno de noviembre--, aunque, dijo, que hay un aspecto que no admite cambios: la recalificación de suelo lleva una cesión para uso público, "lo que no se puede querer es que todo sea urbano".
Las acusaciones de Aunext también se dirigen a la falta de información sobre el plan por parte de Béjar, mientras que éste defiende su transparencia.
