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EMPLEO PÚBLICO

La Administración admite que en doce meses no puede resolver una oposición

Aboga por procedimientos garantistas y el PP insta a aplicar medidas para que se agilice la resolución. Plantea cambiar la Ley de Función Pública que fija un plazo de un año para concluir un proceso selectivo

 

La directora general de Función Pública, Carmen Vicente. -

Guadalupe Moral
14/01/2020

La Ley de Función Publica aprobada en la Asamblea de Extremadura en 2015 establece que una oposición debe resolverse en un plazo máximo de doce meses. Pero esto no se cumple y es «prácticamente imposible con fase de oposición y concurso por las propias leyes administrativas que rigen cualquier proceso selectivo, entre ellas las normas de días hábiles». Lo admitió ayer la directora general de Función Pública, Carmen Vicente, en la Comisión de Administración Pública celebrada en el parlamento, tras una pregunta formulada por el grupo parlamentario populaer. «¿Qué medidas se van a adoptar para cumplir con el artículo 99.4 en las futuras convocatorias de empleo público?», interrogó el diputado Juan Luis Rodríguez Campos.

Y entre las propuestas, la directora general puso encima de la mesa la posibilidad de modificar la propia Ley de Función Pública para cambiar o suprimir ese plazo de doce meses y dar así «credibilidad y transparencia a las leyes que se aprueban en esta cámara», dijo. La implantación de la administración electrónica de manera generalizada, agilizar la formación de los tribunales o incluso la supresión de la fase de concurso... son otras posibles ideas para agilizar estos procesos. «Medidas podemos intentar implantar muchas pero todas han de ser consensuadas, analizadas pros y contras y negociadas con los sindicatos».

Recordó que a pesar de lo que marque la Ley de Función Pública ya en las últimas convocatorias de oposiciones se establecen plazos máximos (suelen ser cinco meses) entre la publicación de los primeros listados de solicitantes admitidos y la celebración de la prueba de oposición.

TRIBUNALES / Además, señaló que ya se han aplicado medidas para agilizar los procesos, como el establecimiento de un tribunal de baremación único de méritos en la fase de concurso, que «ha descargado en gran medida a los tribunales y ha homogeneizado criterios». No obstante, Vicente aseguró que ahí, en la composición de los tribunales, está una de las principales dificultades, ya que los miembros deben ser elegidos por sorteo «porque mucha gente no quiere formar parte de los tribunales». La directora general también apuntó que de las últimas convocatorias, las más rápidas fueron las de 2010 y 2011 y se resolvieron en unos 18 meses porque «no eran procesos masivos». Aún así, aseguró que para el Ejecutivo es más importante dar plenas garantías a un proceso selectivo, «como ocurre ahora», que cumplir ese plazo legal exacto, «aunque no desesperamos en el intento de que sean lo más ágiles posibles». Y quiso recordar al diputado del PP que fue su partido quien introdujo ese plazo y no lo cumplió. De hecho, indicó Vicente, mientras se negociaba esa ley se lanzó una convocatoria de oposiciones, en diciembre del 2013, cuya fecha de exámenes no se publicó hasta abril del 2015 y no se resolvió hasta 2017, «pero los aprobados no se podían incorporar porque había sin resolver dos procesos de concurso previos», criticó la directora general.

Por su parte, el diputado popular insistió en actuar y presentar medidas concretas para agilizar los procesos o, en su caso, modificar la ley para no dar falsas esperanzas a los opositores. «No es de recibo que la convocatoria de diciembre del 2017 para titulados superiores todavía no se haya resuelto dos años después cuando la ley dice que debe estar en un año». Y el mismo camino siguen, auguró, las ofertas convocadas en octubre del 2018 (cuyos primeros exámenes se están celebrando ahora) y la de abril del 2019: «nueve meses después no sabemos ni cuándo se van a celebrar los exámenes».

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2 Comentarios
02

Por guada2015 17:18 - 14.01.2020

Pienso yo que no es que no se puedan resolver sino que las personas que están al cargo de los procesos no son eficaces no podemos tener tiempo para estar contratando continuamente interinidades y contratos a tiempo parcial y contratos de duración determinada por un día por dos porque eso da muchísimo más trabajo que el procedimiento que lleva una oposición para nombrar a un funcionario o es que son otros tipos de interés en los que prevalecen en la administración de la Junta de Extremadura no podemos tener a funcionarios con un año la oposición aprobada en su casa esperando a tomar posesión y estar confeccionando contratos de 2, 3 e incluso un día constantemente eso ocasiona muchísimo más trabajo para los funcionarios que ponerse a resolver la oposición.de ahí la importancia de que los cargos directivos tienen que ser personal técnico y no personal político puesto que los técnicos son los que entienden del funcionamiento de las administraciones mientras que los políticos de turno llegan al nombramiento por cuestiones políticas y no técnicas

01

Por Lupacida 10:16 - 14.01.2020

Pues si en doce meses no pueden, porque la policía si puede?? Una todos los años... La guardia civil también... Oposiciones al estado q también lo hacen.... Somos más torpes los extremos o es q fallan las personas encargadas del proceso??? Es decir, fallan los políticos encargados de organizar los procesos...fallan los responsables....