La administración concursal de Carcesa ha pedido la declaración del concurso voluntario de esta compañía como culpable y solicita que se declare a Banco Etcheverría como cómplice de la sociedad al "colaborar en la salida de fondos de las diversas sociedades a favor de la familia Ruiz-Mateos".
En el informe de calificación de la administración concursal, se indica que las personas, jurídicas y físicas, a las que afecta esta calificación de culpable son el grupo empresarial Apis y Zoilo Pazos Jiménez (sobrino del patriarca de los Ruiz-Mateos) como administradores de la sociedad.
Afecta, además, al propio José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada, que aunque no aparece como administrador societario "tomaba las decisiones empresariales, apareciendo como la persona que controlaba Carcesa y al Banco Etcheverría como cómplice", según el informe.
La administración concursal ha pedido que, en el caso de Apis, José María Ruiz-Mateos y Zoilo Pazos Jiménez se les inhabilite para administrar bienes ajenos durante 15 años y se les condene a pagar los créditos que no se cubran en la liquidación de Carcesa y a una indemnización por los daños y perjuicios causados, que se cuantifican en 19,27 millones, por las transferencias no reintegradas.
Para ellos y el Banco Etcheverría, solicitan que se les condene a indemnizar con carácter solidario por daños y perjuicios en más de 62,51 millones de euros por la retirada de fondos en efectivo de forma fraudulenta.
Según el informe de calificación, para intentar justificar las diversas salidas de fondos de Carcesa, se intenta dar una apariencia jurídica de un contrato de crédito entre la sociedad y otras sociedades, "bajo el cual pudiera aparentarse contable y jurídicamente que las salidas de fondos tenían una causa detrás que las protegiera".
Han apuntado que esas salidas de fondos en efectivo han tenido, finalmente tras salir de Bardajera, un destino que desconoce la administración concursal, por lo que aprecian una mala fe en la actuación de los administradores de Carcesa.
En su informe explican que el dinero que Carcesa captó a través de la emisión de pagarés se transfería a Bardajera (sociedad que actuaba como la caja única del grupo).
Aunque inicialmente, una vez iban venciendo esos pagarés, Bardajera transfería a Carcesa el importe necesario para hacer frente a esos vencimientos, dichas transferencias dejaron de producirse cuando comienza la insolvencia del Grupo, dejando un saldo deudor de Bardajera de aproximadamente 20 millones.
Según la administración concursal, el destino de los fondos retirados de la cuenta bancaria abierta en el Banco Etcheverría sigue siendo desconocido.
Esta circunstancia ha conllevado un "perjuicio de los acreedores de la concursada, conseguida por la colaboración necesaria de la entidad financiera, que ha incumplido de forma consciente y reiterada las normas bancarias exigibles a cualquier tipo de entidad bancaria, debiendo declarar a la Administración Tributaria cualquier movimiento superior a 100.000 euros".
En su opinión, si dicha entidad hubiera actuado con la diligencia necesaria, debería haberse percatado de lo "sospechoso" de las operaciones fraccionadas para evitar el límite cuantitativo de 100.000 euros, y haberlas comunicado a la Agencia Tributaria como era su obligación, con la consecuente identificación del destino de los fondos.
