Las administraciones públicas dejaron de gastar algo más de 12 millones de euros en la adjudicación de contratos a empresas privadas en Extremadura en los últimos cuatro meses, lo que, según CCOO, produce una «merma muy importante» en la creación y mantenimiento de empleo.
Los secretarios de Construcción y Servicios del sindicato en España y Extremadura, Vicente Sánchez y Mateo Guerra, respectivamente, presentaron ayer en Mérida el último informe del Observatorio Sectorial de la Contratación Pública, que aborda el proceso de adjudicación de servicios en la región durante el último trimestre de 2019 y enero de 2020. Según detalló el secretario estatal, en los últimos cuatro meses, se han realizado 105 contratos públicos en Extremadura, de los cuales, 91 corresponden al último trimestre del año pasado y 14 al mes de enero de este año, con un presupuesto inicial de 79 millones de euros y finalmente adjudicados por 66. De este forma, el conjunto de las administraciones públicas han dejado de gastar más de 12 millones de euros de los inicialmente presupuestados, lo que supone un menoscabo del 16% en la contratación pública, ha señalado Sánchez.
La administración regional es la que más ha rebajado la licitación al destinar siete millones de euros menos. En concreto, la Consejería de Economía y la de Medio Ambiente han dejado de gastar 1,2 millones de euros cada una en contratos relacionados con la construcción y mantenimiento de infraestructuras, mientras que la de Sanidad ha destinado 1,5 millones de euros menos a dos contratos.
ALTA VELOCIDAD / Por su parte, la administración general del Estado dejó de gastar casi 3,4 millones de euros siendo ADIF la entidad que más ha reducido su gasto, 2,6 millones de euros menos para la contratación de empresas de construcción en tramos de alta velocidad que representan el 23% del presupuesto inicial de la licitación de octubre.
En cuanto a las entidades locales, los ayuntamientos de la comunidad han dejado de pagar algo más de dos millones de euros, entre los que destaca el consistorio cacereño que asignó 660.000 euros menos a un contrato de limpieza y seguridad.
En este sentido, Sánchez denunció que no pagar la cantidad presupuestada para «contratar a la baja» conlleva «una merma muy importante» en la prestación de los servicios públicos así como en la creación y mantenimientos de empleo, «algo que en esta región es muy importante».
«Son datos muy alarmantes para una comunidad autónoma donde es necesaria toda la inversión pública posible para incentivar el sector privado, evitar la destrucción de empleo y garantizar la calidad a los trabajadores», añadió.
Según expuso, todas las administraciones regionales realizan las contrataciones de acuerdo con la Ley de Desindexación de 2015 que prioriza el precio a la calidad del servicio y no las obliga a garantizar que las empresas contratadas cumplan con el pago de salarios, seguridad social u otras obligaciones fiscales.
De esta forma, quien contrata valora que «la oferta más baja es la más adecuada para prestar ese servicio aunque conlleve la destrucción de puestos de trabajo».
Frente a ello, CCOO reclama la derogación de esta normativa para que se aplique en su lugar la Ley de Contratación Pública de 2017 y que el precio de licitación sea el mismo de adjudicación de modo que la competencia entre las empresas se centre en la calidad del servicio.
Por su parte, Guerra incidió en que «si se dan precios a la baja» no se puede mantener el número de trabajadores, la calidad del servicio disminuye, los productos escasean, no se sustituyen las vacaciones, bajas o excedencias y no se paga a los trabajadores como ya ha ocurrido en Extremadura con las empresas Solventia, Eulen o Palicrisa.
