La deuda contraída por las administraciones públicas con los trabajadores autónomos y microempresas en Extremadura ascendía, a 1 de noviembre pasado, a 493 millones de euros, según el último informe de morosidad pública de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). En el conjunto del país, esta organización sitúa en 15.229 millones de euros el pasivo que mantienen los diferentes niveles de la administración pública con los trabajadores por cuenta propia, lo que supone alcanzar un nuevo máximo histórico.

ATA denuncia en su informe que, a día de hoy, el 90% de las administraciones incumplen la Ley de Morosidad. Esta normativa establece unos plazos máximos de pago para el sector privado y la Administración que se van acortando de forma progresiva hasta cerrarse el 1 de enero del 2013 en 60 días para el sector privado y en 30 días para el público. Aunque el nivel fijado para este 2011 era de 85 días para el sector privado y 50 para la Administración pública, actualmente solo el 11,8% de los autónomos tarda menos de 90 días en cobrar las facturas emitidas al sector público. Además, según ATA, uno de cada dos trabajadores por cuenta propia --el 51,5%-- tiene que esperar más de seis meses desde que emite una factura a una Administración pública hasta que la cobra, tiempo de espera que para prácticamente uno de cada cuatro --el 23,4%-- supera el año.

Con todo, los 493 millones de euros de deuda contabilizados en la región suponen un descenso del 3,1% respecto a los 509 que se registraron en agosto pasado. En este sentido, Raquel de Prado, presidenta de ATA Extremadura, confía en que esta reducción tenga continuidad a partir de ahora, ya que asegura que la situación para buen número de pequeños negocios "es dramática" a causa de las demoras en los pagos de las administraciones públicas. "Muchos de ellos lo están pasando realmente mal", incide de Prado, cuando no, directamente, han tenido que cesar su actividad a causa de los retrasos. "Si a un autónomo se le deben 14.000 o 15.000 euros, a veces cantidades mayores, y se le tarda en pagar incluso más de 300 días, se descapitaliza completamente la empresa", remacha.

Igualmente, de Prado recuerda que el compromiso adquirido por la Junta de Extremadura --incluido en su Plan 3E-- es pagar a las pequeñas empresas y autónomos como mucho en 25 días.

Por otro lado, la presidenta de ATA Extremadura lamenta que los ayuntamientos extremeños apenas si hayan solicitado créditos de la Línea de financiación ICO-Entidades Locales, cuando las municipales son las administraciones públicas "que más tardan en pagar". Esta línea de financiación, que finalizó el 30 de noviembre pasado, tenia por objetivo dotar de liquidez a los ayuntamientos para el pago de facturas pendientes con los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.