El informe de situación patrimonial de Carcesa es claro: la mala gestión de la familia Ruiz-Mateos ha llevado al concurso de acreedores a las factorías extremeñas de Apis y Fruco en Mérida, Don Benito y Montijo. Una doble administración que entorpecía la labor de los contables de Mérida, "con muy poca o ninguna información" por parte de los propietarios, un crédito mal gestionado que obligó a parar la producción de tomate frito y zumos o la desaparición de la mitad del dinero logrado al hipotecar Carcesa son algunas de las causas. Causas que pueden hacer incluso que los Ruiz-Mateos puedan ser considerados culpables de la insolvencia de una empresa ahora inmersa en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pero que daba trabajo a 300 extremeños.
La administración concursal, constituida por el abogado Ismael Soto, el economista y auditor de cuentas Pedro Bautista Martín, el economista Fernando Bigeriego, el abogado Emilio González Bilbao y el economista Gerardo Casado Gallardo, ha detectado que la familia Ruiz-Mateos extrajo hasta 54,4 millones de euros (14,31 millones corresponden a la mitad del dinero logrado en 2008 por Nueva Rumasa al hipotecar los activos de Carcesa con el Banco Santander) en disposiciones en efectivo de sus cuentas en el Banco Etchevarría sin justificación y con motivo desconocido. Por ello ven "indicios" para considerar a los propietarios culpables de la insolvencia de la empresa.
A estos 54 millones habría que sumar otros 34,9 que se extrajeron de Carcesa con destino a otras empresas del grupo. En total, 89,9 millones, el motivo del desfase patrimonial de la empresa. "Casi todas las entidades que recibieron dicho dinero están en situación de concurso de acreedores y parece difícil la consecución de su crédito", alertan los administradores concursales, que también se quejan de la existencia de sociedades radicadas en paraísos fiscales que dificultan la búsqueda de bienes y el recobro de las cantidades adeudadas.
Por ello creen que "existen indicios" para calificar como culpable de la insolvencia a la administración social --el sobrino de José María Ruiz-Mateos, Zoilo Pazos Jiménez-- y a "otros administradores de hecho", que serían condenados a cubrir con sus bienes el agujero patrimonial de Carcesa, que cuenta con activos valorados en 178,05 millones de euros, frente a deudas de 245.
Según admite la propia compañía en la solicitud de concurso (antigua suspensión de pagos), existían dos tipos de cuentas corrientes, las que gestionaban los apoderados directivos de la empresa y un segundo grupo gestionado desde Madrid por otros apoderados diferentes. A este respecto, los administradores concursales han precisado que Carcesa ha llevado una doble administración y distinguen entre la realizada por los apoderados directivos, encaminada a la actividad productiva de la compañía, y una gestión que "se ha hecho solo desde la propiedad". Así, explican que se han utilizado cuentas bancarias abiertas a nombre de esta compañía pero con su uso cerrado al equipo de Mérida que denomina ´Cuentas Somosaguas´, localidad madrileña donde la familia Ruiz-Mateos tiene su cuartel general.
El informe precisa que esta situación ha supuesto que el equipo de Mérida se haya encontrado sin información de las operaciones y que a la hora de contabilizar e interpretar lo ejecutado tuvieran "muy poca o ninguna información" por parte de los propietarios, lo que ha provocado que se desconociera la razón de algunas operaciones y el destino final de ciertos fondos. Es el caso de las realizadas con las empresas Bardajera y Bamingo Canarias y la gestión de la emisión de pagarés, así como el destino final de los fondos recaudados por los pasivos bancarios generados.
PARON EN LA PRODUCCION Entre otras operaciones perjudiciales para la empresa, la administración concursal también refleja en su informe de situación patrimonial el daño que sufrió Carcesa al constituirse una prenda sin desplazamiento --un tipo de crédito hipotecario en el que el deudor, en este caso Carcesa, avala el préstamo con un bien mueble y no con un bien inmueble-- sobre existencias de tomate con el objetivo de garantizar un crédito preexistente con la empresa murciana de envases Mivisa por importe de 10,10 millones de euros. A consecuencia de esa operación, las tres factorías extremeñas no pudieron disponer de este producto para ponerlo a la venta, lo que ha paralizado la actividad económica de los productos de tomate de la marca Apis y de otros.
Las tres factorías extremeñas, cuyos trabajadores ya alertaron en el mes de febrero de la situación de la empresa, han estado desde entonces luchando por el futuro de una empresa que dicen, "es viable con la gestión adecuada", una teoría que ahora podría avalar el informe de situación emitido por los adminstradores concursales.
EL ERE, REALIDAD En cualquier caso, y pese a que la sociedad pública Avante, Acopaex y Tomates del Guadiana inyectaron seis millones de euros para comprar materias primas y reactivar la actividad de las tres factorías extremeñas en el pasado mes de mayo, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ya se ha convertido en realidad para un tercio de la plantilla de la empresa, formada por 300 personas.
Según confirmó la presidenta del Comité de Empresa, Rosario Riñones, ayer mismo los empleados conocieron los nombres de las personas que tendrán que acogerse a la reducción de plantilla, que afectará a 31 trabajadores fijos y 63 discontinuos para las tres factorías. "Estamos en la calma relativa que existe después de una gran tormenta", manifestaba ayer Riñones, que especificaba además que la mayor parte de los empleados que abandonan son personas mayores de 55 años que llevan "toda la vida" trabajando en la empresa y que a partir de ahora, pasarán a prejubilarse o directamente a ser más de los tantos desempleados de la región.
Riñones, que dijo que ayer "no era día de hacer declaraciones", simplemente se limitó a decir que el ERE se hará efectivo a finales de este mes de julio, pues tras recibir la notificación las personas que se marchan, la Junta de Extremadura tiene que ratificar y dar el visto bueno a todo el proceso.
