El presidente de la Agrupación de Empresas Laborales de Extremadura (Aexel), José Alberto Hidalgo Piñero, considera que la condición más importante que se debe imponer a la central nuclear de Almaraz para que continúe su actividad a partir del 2010 es que instale su domicilio social en la región.

Este colectivo aplaude el anuncio que realizó ayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de pedir a la Central de Almaraz 600 millones de euros como compensación por alargar su funcionamiento hasta el 2020. Añade que es "cuanto menos injusto para los extremeños que una empresa que tiene su actividad en Extremadura, su domicilio social esté fuera de ella".

Por su parte, desde la propia central hoy no quisieron pronunciarse sobre los condicionantes que la Junta impondrá a Almaraz por continuar con su actividad más allá del plazo inicialmente previsto. Desde la dirección de la planta indican que Fernández Vara es "muy libre" de plantear cuantos condicionantes quiera, aunque matizan que las empresas que sustentan la planta no se pronunciarán sobre este asunto al menos durante los próximos días.