La plataforma de afectados por el Procedimiento de Despido Colectivo (PDC) de Tragsatec Extremadura ha pedido hoy al Gobierno regional que tome "medidas drásticas" y "exija como clientes que no se despida a nadie" de la empresa pública por la "injusticia" que ello supone.

El portavoz de la plataforma, Carlos Cordero, ha denunciado la intención de la empresa de "destruir puestos de trabajo indefinidos de extremeños para sustituirlos por personal eventual y abaratar costes", a pesar de que ha visto incrementado la dotación económica por parte de la Junta al alcanzar los 14 millones de euros, "cuatro más que el anterior año y con un 20 por ciento menos de plantilla".

Los trabajadores afectados han dado hoy una rueda de prensa en Mérida acompañados por el diputado regional de Podemos Hierro, miembros del Campamento Dignidad y los presidentes de los dos Colegios Veterinarios de Extremadura.

A partir del pasado 4 de enero, los afectados por el PDC comenzaron a recibir los burofaxes de extinción de sus contratos, justo "al día siguiente de firmar -la empresa- la campaña de 2016 con la Junta".

Según ha explicado Cordero, los 61 despidos efectuados en Extremadura representan el 25 por ciento del total de los despidos nacionales ejecutados, mientras que la plantilla en la región supone un porcentaje del siete por ciento nacional.

El PDC, iniciado en febrero de 2014, planteaba 86 despidos en Tragsatec fundamentados en unos argumentos rechazados por la Audiencia Nacional, recuerda la plataforma, y posteriormente, en octubre de 2015, el Tribunal Supremo avaló el procedimiento de despido colectivo acordado por la empresa pública, de forma "sorprendente" para los despedidos.

Según la empresa, los motivos fueron económicos, productivos y organizativos y los despidos contaban con una indemnización de 20 días por año, la fijada por la ley para este caso.

Para los trabajadores, las causas urdidas no tienen sentido, pues la situación económica de la empresa "ha mejorado notablemente", por lo que entienden "injusto" el despido y un "atropello" hacia los intereses de la región.

Así, recuerdan que la Abogacía del Estado emitió un informe en el que se afirma, según la plataforma, que los despidos del PDC no están obligados a llevarse a cabo, sino que quedan a voluntad de la empresa.

Mientras tanto, los sindicatos han convocado movilizaciones a partir de hoy, con una manifestación en Madrid y una huelga de 24 horas en Tragsatec, que no han secundado los empleados de Extremadura por el "secuestro moral" al que están sometidos por la empresa, ya que hay 25 despidos más que aún no han anunciado, según ha informado a Efe el responsable de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en esta sociedad, Luis Aguilar.

Para el representante de UGT, los despidos, 59 más los de otros dos trabajadores adheridos voluntariamente, "no tienen sentido" y se explicarían por la intención de la empresa de "precarizar el empleo" y así obtener "mayor rendimiento económico".

Respecto a la nueva campaña firmada con la Junta, ha asegurado que el 27 de enero habrá una reunión del Comité de Empresa de Badajoz para "solicitar formalmente" tanto al Ejecutivo regional como a la empresa el pliego de condiciones técnicas del contrato con Tragsatec.

Aguilar ha asegurado que en cuatro años la empresa no se lo ha facilitado y ha afirmado que darán tiempo a ésta y a la Junta para ver qué se va a hacer con los trabajadores, de los que se mantienen unos 240, aunque no descartan otro tipo de movilizaciones "no estériles" distintas a la huelga.