Los agentes de la propiedad inmobiliaria de Extremadura creen que la propuesta de Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda es «indispensable» para regular el sector, pero su actual redacción es «intervencionista» y dotada «de una profundísima carga ideológica», que desvirtúa su sentido.
Así lo puso de manifiesto el presidente del colegio cacereño, Francisco Marroquín, que compareció en la Asamblea dentro del período informativo de la propuesta de ley impulsada por el PSOE.
Francisco Marroquín explicó, según informa EFE, que durante el pasado año el colegio cacereño inició procedimiento por 24 quejas frente a las 4 registradas en 2017, una situación que, a su juicio, responde a que es un sector que, en general, «está desprofesionalizado», donde hay colectivos «que se dedican a la intermediación inmobiliaria sin el mas mínimo conocimiento y rigor».
Asimismo, señaló que está «desregularizado» y es un sector complejo «en el que prima sobre todo el libre pacto» y relató que «cuando un cliente entra por la puerta y nos encarga una gestión de venta, lo primero que dice es quiero tantos euros por la vivienda y los quiero netos». A partir de ahí, se tienen que sumar los gastos posteriores y propios honorarios, con lo que el precio final se incrementa entre el 15 y 20,5%.
Para Francisco Marroquín, esto ocurre «porque no hay una normativa que regule el sector de intermediación inmobiliaria» y por ello insiste en que esta propuesta es indispensable e imprescindible.
Sin embargo, considera que en la misma debe fomentarse la profesionalización, exigir no solo la acreditación administrativa sino la de capacitación y formación suficiente de todo tipo de operador inmobiliario, para distinguir «entre el profesional y el que opera de manera pirata».
Además, indica que la «profunda carga ideológica» del articulado desvirtúa el sentido del sector inmobiliario como elemento esencial de la economía «porque hace prevalecer el mercado de vivienda protegida sobre el de renta libre».
También critica que la propuesta deja demasiado abierta el desarrollo reglamentario y ha apelado a que las administraciones «tienen la obligación de promulgar una ley cumplible».
También compareció la secretaria de la Mujer de CCOO, Lourdes Núñez, que remarcó que es una ley «con importante trasfondo social, inclusivo y garantista», que es más que necesaria para poder hacer efectiva «una sociedad con igualdad de oportunidades».
Defendió su carácter «proteccionista, no intervencionista», ya que la comunidad debe intervenir para corregir los desequilibrios sociales y recordó que en su tramitación se han podido hacer aportaciones, por lo que cree que «se está en el camino a seguir para alcanzar estos objetivos».
Para Lourdes Núñez, la cooperación y coordinación debe ser el eje sobre el que pivote la planificación, construcción, adjudicación, valoración y seguimiento de las fases del proyecto.
Esta colaboración debe pasar también por las entidades y empresas privadas que se dedican a ello para determinar la realidad de mercado y su evolución «más allá de especulaciones de la venta», cuyas consecuencias pasadas son conocidas y que hay que evitar.
