Máxima garantía para el movimiento de productos agrícolas en la región y máximo control en la recepción en los centros de compraventa. Es lo que demandaban las organizaciones agrarias y lo que regula el decreto de trazabilidad en el que trabaja la Junta de Extremadura. El documento, que se encuentra en exposición pública establece obligaciones para los agricultores pero también para los puntos de recogida o centros de compra.

Para poder trasladar productos agrícolas desde la explotación hasta el primer establecimiento, siempre que sea un volumen superior a 25 kilos, deberán portar el que se conoce como documento de acompañamiento de productos agrícolas, un DNI que identifica su procedencia y que autoriza a la persona que lo lleva y al vehículo en el que viaja a efectuar el traslado en la fecha en la que se está llevando a cabo.

REGISTRO A los puntos de recogida de este tipo de productos se le impone además la obligatoriedad de contar con "un registro de entradas y salidas con referencias a los documentos de trazabilidad que permitan verificar las existencias y su procedencia" y tendrán que aparecer en esos registros la referencia del citado documento de acompañamiento. Agricultores y centros de destino deberán conservar además durante cuatro años toda la documentación que permita acreditar la procedencia de todos productos.

Junto a esto, la Junta confeccionará un registro de los puntos de compra y por ello este tipo de instalaciones deberán solicitar ahora, antes del inicio de la actividad, una comunicación previa al ayuntamiento de la localidad en la que se instalen y en la que deben constar, además de sus datos, el tipo de productos que recibirán, si existe "algún tipo de vinculación directa con alguna almazara, bodega u otra empresa alimentaria" y el tipo de actividades que se desarrollan en la instalación.

"Los documentos de acompañamientos de este decreto constituyen una garantía necesaria de su trazabilidad, como requisito fundamental de la seguridad alimentaria en la producción primaria", recoge el borrador, con el que se persigue "incrementar la seguridad jurídica" y disminuir "el riesgo de hurtos o robos" que han motivado una creciente alarma entre los agricultores de la región, especialmente desde el 2015, cuando campañas como la de la uva y especialmente la de la aceituna se vieron sacudidas por continuas sustracciones en pleno día.