La Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno en Extremadura coordinarán esfuerzos para atajar los robos que se han convertido en el último año en un problema central del campo extremeño. La Junta se comprometió ayer a iniciar inspecciones en los puestos de recepción de la aceituna, mientras que el Estado aportará una mayor dotación de efectivos en el campo para intensificar la vigilancia sobre las explotaciones. Son las dos principales medidas a corto plazo que se acordaron ayer en la reunión que mantuvieron el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal y la delegada del Gobierno, Cristina Herrera y mandos de la Guardia Civil con los representantes de las organizaciones agrarias. Además se pusieron otras medidas a largo plazo sobre la mesa, como una nueva legislación sobre la trazabilidad y una comisión de seguimiento que vele por el cumplimiento de estos compromisos y se convierta en herramienta para anticiparse a estos problemas.

"Vamos a apoyar a las organizaciones agrarias y los agricultores en todo lo que tiene que ver en la recepción de esa aceituna robada", señaló García Bernal tras el encuentro, aunque reconoció que "no va a significar que se eliminen los robos en el campo".

COLABORACION Para poner en marcha esa campaña de inspecciones habrá una próxima reunión en una semana, previsiblemente el 22 de enero, en la que estará además el presidente de la Fempex, Francisco Buenavista, los alcaldes de las zonas en las que están sufriendo mayores robos y la Dirección General de Salud, que será la encargada de actuar "comprobando quiénes entregan esa mercancía, donde están los albaranes" y estrechando la colaboración con la Guardia Civil.

Por su parte la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, señaló que se reforzarán "con contundencia" los efectivos destinados al campo en las zonas en las que no se ha terminado la cosecha de aceituna, el entorno de Talarrubias y Nava de Santiago, donde se prevé que continúe la actividad hasta mediados de febrero. Herrera destacó que ya se ha reforzado a los efectivos de la región con un escuadrón de caballería y un grupo de acción rápida de la Guardia Civil y se prevé más medios en los próximos días.

El secretario general de UPA Extremadura, Ignacio Huertas, valoró la batería de medidas ante lo que definió como "uno de los principales problemas del sector", hasta el punto que en varias zonas se han puesto en marcha 'patrullas de agricultores' para vigilar sus explotaciones. Huertas calificó los robos en el campo como "un problema estructural" y recordó que antes de la campaña de la aceituna ya denunciaron robos en los casos de la castaña y la almendra. "Un producto no se roba si no se vende", denunció el representante de los agricultores, que señala que mucho producto robado encuentra salida dentro de Extremadura.

VOLUNTAD Por su parte Juan Mentidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja valoró la "valentía y voluntad de dar solución al problema por parte del presidente de la Junta" y añadió a las soluciones planteadas, la necesidad de "acabar con el enmascaramiento" del rebusco sobre los robos. "El rebusco es una costumbre milenaria que se aplica en los campos, pero solo cuando están alzadas las cosechas y hay autorización del propietario. Lo que se está haciendo ahora es robar", denuncia. Señaló que la provincia de Badajoz es la más afectada, especialmente en La Siberia y Vegas Altas, así como en poblaciones cacereñas limítrofes como Logrosán, Alía y Madrigalejo.

"Hay tramas perfectamente organizadas", denuncia sobre esos robos, ante los que pide "más y mejores medios" y también un mayor control sobre el producto: "hay almazaras que trabajan con producto ilegal", denuncia.