Cobrar indebidamente ayudas agrarias va a ser más difícil de ahora en adelante. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha acordado con el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) la creación en Extremadura de un sistema de información geográfica que posibilitará conocer la situación y utilización de las parcelas agrarias. El objetivo es controlar las ayudas que la Unión Europea concede a las parcelas agrarias a través de la toma de fotografías vía satélite en las que se irán identificando los diferentes usos del suelo.

Este sistema permitirá no sólo comprobar que las superficies y cultivos coinciden con las declaradas por sus productores sino también demostrar que las ayudas se conceden al campo extremeño "sin trampa ni cartón", según dijo a Efe José Luis Quintana, consejero de Agricultura. El SIG ya se aplica en algunos cultivos como el olivar.

La presidenta del FEGA, Elena de Mingo, explicó que la puesta en marcha de este sistema de información geográfica se establecerá en cumplimiento de una normativa europea, que establece como plazo el 1 de enero de 2005, en todo el territorio nacional, donde el FEGA invertirá entre 72 y 90 millones de euros. De Mingo dijo que se podrá "tener conocimiento de la realidad del campo español y de las dimensiones de las explotaciones" para hacer una mejor defensa de la política agrícola ante la CE.

También indicó que el sistema constituye un instrumento muy útil para detectar un posible fraude debido a que se tomarán imágenes de los terrenos en las diferentes etapas del cultivo para así conocer "si se ha sembrado lo que el agricultor ha declarado". Pero además del cultivo, se comprobará también si la superficie de la parcela coincide con la que el agricultor ha apuntado en su declaración.

Se trata de unos controles que, en opinión del consejero de Agricultura, constituyen una garantía para los profesionales del campo, las administraciones públicas y la propia sociedad, ya que tendrá "la certeza de que las ayudas que llegan al campo se conceden sin trampa ni cartón".

Esta nueva herramienta será financiada en un 75% por la Administración central y en un 25% por el Ejecutivo regional. Y contribuirá a la "renovación silenciosa" que, en opinión de Quintana, experimenta el campo.