Irónicamente, el Gordo cayó ayer en Caval, pero a la inversa. Las empresas que han elaborado el plan de viabilidad han elevado en tres millones de euros el agujero financiero de la cooperativa, cuyo patrimonio neto pasa de -13 millones a -16. Este sería el dinero que seguirían debiendo aunque vendieran todos sus bienes, lo que supone o bien que la deuda que deben afrontar es incluso superior a los casi 27 millones que se calculaban (24, si se restan los créditos a favor que aún posee la cooperativa) o que el patrimonio es menor de lo que se pensaba.

"Ni siquiera las empresas encargadas del plan de viabilidad pueden explicar qué ha ocurrido con esos tres millones de euros extra que faltan, porque les faltan datos", explica Ramón Rodríguez, uno de los socios de la cooperativa Caval que ayer participó en una reunión con los directores generales de Comercio, Pedro Jara, y Empresa, Ana Alejandre. En ella también estuvo presente el alcalde de Valdelacalzada, Pedro Noriega, que explica el objetivo del encuentro: "estudiar las posibles ayudas y líneas de financiación a las que podía tener acceso la cooperativa para garantizar su futuro".

Sin embargo, los últimos datos han caído como un jarro de agua fría que deja en papel mojado el plan de viabilidad presentado el pasado 14 de diciembre y cuya votación estaba prevista para el próximo lunes. "Sencillamente, ya no es viable", considera Ramón Rodríguez a la espera de ver qué información se aporta a los socios en la asamblea que está prevista para esta tarde.

En ella, inicialmente estaba previsto dar más detalles sobre el plan de viabilidad y resolver dudas, según explicó a este diario el presidente del consejo rector de Caval, Juan José Magdaleno. Sin embargo, este no participó ayer en la reunión con los representantes de la Junta y de las empresas que han elaborado dicho plan --en quienes dijo delegar su representación, por no poder asistir-- y, por tanto, aseguró desconocer su contenido.

Pero el aumento del agujero de Caval desvelado en dicho encuentro dificulta presentar una propuesta factible de continuidad antes del 9 de enero, cuando se cumple el plazo que fija el preconcurso de acreedores que se presentó en octubre. De no lograrlo, el juez podría ordenar el desmantelamiento de la cooperativa para hacer frente a las deudas, aunque socios como Rodríguez no descartan llegar a una solución que la permite seguir funcionando.