La Federación de Turismo de Extremadura (Fextur) alertó ayer del incremento de la oferta irregular de alojamientos en la comunidad autónoma, lo que perjudica tanto al sector y a la marca Turismo de Extremadura como al visitante y a los ciudadanos.
En un comunicado, Fextur lamentó la proliferación de esta oferta en las poblaciones de la comunidad extremeña, una oferta que "se escapa a la reglamentación y profesionalización del sector". "Estos mal llamados alojamientos turísticos no se rigen por la normativa que en esta materia se aplica, no están sometidos a controles de calidad y de operatividad, y se trata en muchos casos de economía sumergida", indicó e informa EFE.
Pero además, tampoco cuentan con el control sobre el tránsito de viajeros al que están obligados los establecimientos hoteleros, y que gestiona la Guardia Civil, "distorsionando" la realidad en las estadísticas y no contribuyendo al crecimiento del sector ni de la economía regional.
Fextur se ha brindado a colaborar para que esta oferta se regularice y pase a ser parte de una propuesta "profesional" y "organizada", para que todos los alojamientos "trabajen en igualdad de condiciones".
Así, el sector extremeño ha mostrado su intención de informar a todas aquellas propuestas irregulares que quieran cambiar de posición y "legalizarse", para facilitar su incorporación al mercado. Fextur se plantea no trabajar con operadores de turismo que mantengan en sus plataformas a estos inmuebles ilegales.
De esta forma, la federación se pondrá en contacto con importantes portales de turismo para pedir que saquen de sus ofertas a los establecimientos que no tengan número de registro turístico, y además se iniciará una ronda de entrevistas con alcaldes de la comunidad.
Por otra parte, en la plataforma de comercialización en cuya creación trabaja Fextur solo "tendrán cabida" aquellos alojamientos legalizados. Desde la federación recuerdan que existen ya iniciativas en otras comunidades para regularizar esta situación que "cada día va a más", como es el caso de Barcelona.
Respecto a Extremadura, esta práctica se observa desde hace ya más de cinco años en el 70% de las poblaciones turísticas de la comunidad, estiman. "Provocan una caía de la oferta legal, de los precios y del nivel de calidad, confunden las estadísticas de ocupación de la comunidad y no dan seguridad alguna ni al turista ni a los ciudadanos".
