Los propietarios de la Central Nuclear de Almaraz han recibido con buenos ojos el planteamiento del Gobierno extremeño de invertir una buena parte de sus beneficios en la región como compensación en caso de que se prorrogue su funcionamiento a partir del 2010. El consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, comentó ayer que las empresas responsables de la planta, Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa, le han transmitido una "actitud positiva" a la posibilidad de llegar a un acuerdo, que incluiría un plan de inversiones cifrado en no menos de 600 millones de euros, y el traslado del domicilio social de la planta a tierras extremeñas (actualmente está en el País Vasco).

Hasta el momento se han celebrado dos reuniones entre las partes, ambas en el despacho del consejero --la siguiente cita será en la propia central-- en las que Navarro ha transmitido la postura expresada por el presidente de la Junta, y las condiciones puestas sobre la mesa para aceptar la continuidad de la actividad de los dos reactores nucleares, cuya licencia de explotación acaba en junio de 2010. La renovación sería efectiva para los diez siguientes años.

El Ministerio de Industria deberá decidir antes de esa fecha si acepta la solicitud de los propietarios de la central de renovar la licencia de explotación, para lo cual deberán acreditar que la planta ha actualizado sus mecanismos de seguridad con las tecnologías más avanzadas disponibles. La postura del gobierno extremeño es que la central no debe continuar, pero que en caso de que lo haga, porque el ministerio lo considere imprescindible para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, la comunidad reciba a cambio una compensación.

"Continuaremos trabajando en cómo se puede materializar el planteamiento que el presidente hizo en la Asamblea", dijo ayer Navarro, en una comparecencia en Mérida para avanzar las líneas de actuación de su departamento para este año. Fernández Vara cifró entonces la inversión de la central en Extremadura en una cantidad no inferior a los 600 millones de euros por producir una energía que no necesita, dado que exporta el 75% de la energía que produce.

AUN ES PRONTO Navarro subrayó que aún es pronto para saber si las negociaciones llegarán a buen puerto, si bien avanzó que las conversaciones giran en torno a inversiones directas por parte de la central en Extremadura, aparte de que también habría un traslado del domicilio fiscal. "Las conversaciones se están centrando, dando por hecho el traslado del domicilio fiscal, en un plan directo de inversiones". Esta última decisión conllevaría un importante ingreso para las arcas extremeñas en concepto de impuestos, que actualmente se cifra en torno a los 200 millones de euros.

En caso de que no fructificasen las negociaciones, la Junta utilizaría la vía legal para regular la "obligación de invertir en Extremadura", comentó Navarro. Además, en caso de que las eléctricas planten al Gobierno extremeño en la negociación, la Junta echaría mano de sus recursos políticos y, en última instancia, recurriría a la vía fiscal, una posibilidad que por el momento ni siquiera ha llegado a plantearse debido a la predisposición al acuerdo encontrado en los propietarios de la central nuclear de Almaraz.