El cerco sobre los propietarios de las centrales nucleares, para que en caso de accidente en la instalación asuman su responsabilidad civil, se estrecha. El Congreso de los Diputados está ultimando el contenido de la futura Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, una norma que exigirá a las compañías eléctricas que gestionan este tipo de plantas energéticas multiplicar por cuatro las cuantías que deben avalar ante el Gobierno para poder hacer frente a indemnizaciones en caso de accidente nuclear que afecte a las personas y bienes, así como inmuebles e infraestructuras y también al medio ambiente. En total, cada central deberá contar con una cobertura de responsabilidad civil por valor de 1.200 millones de euros.

Los grupos parlamentarios en el Congreso están ultimando el contenido de la ley. El objetivo es establecer un régimen específico de responsabilidad civil para el sector, ya que hasta ahora este ámbito se regulaba a través de distintos artículos y disposiciones repartidas entre las diversas leyes que regulan la actividad nuclear y eléctrica en España. De esta forma todo quedará compendiado y especificado en un solo documento. Pero además, servirá para actualizar la legislación española y ajustarla a las últimas revisiones realizadas a nivel internacional.

El documento que está en elaboración recoge la exigencia de que el "explotador --de la central-- establezca una cobertura de responsabilidad civil por daños nucleares por una cantidad de 1.200 millones de euros". Para ello, se están estudiando varias posibilidades: desde la contratación de una póliza de seguro a la inmovilización de fondos y recursos propios de las compañías propietarias. En el caso extremeño, donde está en funcionamiento la Central Nuclear de Almaraz, estas cuantías deberán ser avaladas por las empresas Iberdrola, Endesa y Gas Natural, que se reparten la propiedad de la instalación (con el 53%, el 36% y el 11% de las participaciones, respectivamente).

En el caso de que los fondos necesarios para hacer frente a las reclamaciones superen la cuantía de 1.200 millones, las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios han impuesto que sea el Estado el que adelante ese dinero, con la exigencia de que el importe sea devuelto a las arcas públicas posteriormente.

PRIMERO LAS PERSONAS La ley también prioriza el orden en el que deben abonarse las indemnizaciones en caso de que una central sufra cualquier tipo de incidencia o accidente con daños al exterior. Así, recoge que primero se realizarán las compensaciones por muerte o daños físicos a las personas que presenten reclamaciones durante los tres primeros años desde la fecha del suceso. Después deberán hacer frente al pago de las medidas de restauración del medio ambiente o por cualquier daño originado al entorno natural. Y, dentro de ese plazo de tres años, lo último sería abonar las indemnizaciones por los daños ocasionados en los bienes o por las pérdidas económicas derivadas del accidente.

No obstante --y es otra de las novedades--, la normativa recoge que el explotador deberá responder frente a los perjudicado durante un plazo de 30 años desde el accidente nuclear --frente a los 10 años fijados hasta ahora--.

Asimismo, la futura ley exigirá compensaciones por la vía civil por los daños al medio ambiente, una cuestión que no estaba recogida en la legislación actual.

Está previsto que este proyecto de ley pueda estar aprobado para mediados del próximo año. Ya ha superado la fase de enmiendas a la totalidad y está pendiente de su ponencia en el Congreso. Después, aproximadamente en el mes de febrero, pasará al Senado, donde una vez refrendada será devuelta a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.