Responsables de la central nuclear de Almaraz han matizado el optimismo del consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, quien el miércoles señalaba que había detectado una "actitud positiva" hacia la propuesta de la Junta de trasladar la sede fiscal de la planta a Extremadura y pactar un plan de inversiones de 600 millones de euros. Ayer, desde la nuclear la respuesta no fue tan esperanzadora: se indica que la decisión de trasladar el domicilio fiscal corresponde a las empresas propietarias --y estas dicen que es algo que compete a la sociedad que gestiona la planta-- y se tacha de "excesiva" la inversión de 600 millones.

Así, en una escueta nota de prensa, la central de Almaraz indicaba que las aspiraciones del Ejecutivo regional de que se traslade la sede fiscal a Extremadura son "absolutamente legítimas", para a continuación precisar que "la decisión sobre la ubicación del domicilio fiscal corresponde estrictamente a las empresas".

Sin embargo, un portavoz de Iberdrola, empresa que ostenta el capital mayoritario en la nuclear, con el 51,3%, señaló que los asuntos que atañen a la central son competencia de la propia sociedad que gestiona la planta, por lo que esta empresa no se iba a pronunciar sobre la cuestión.

Respecto a la inversión de 600 millones de euros, aquí si hubo un pronunciamiento más tajante. El portavoz de la central de Almaraz, Aniceto González, señaló que la cifra es "excesiva".

González insistió en que la cantidad a invertir es "elevada", aunque no dijo cual sería la cifra asumible por la central.

Asimismo, el portavoz de la central amplió lo expuesto en la nota de prensa sobre el cambio de sede fiscal, para indicar que esta aspiración "legítima" implica cambios legales, y que en el caso de que las empresas eléctricas copropietarias de la planta no lo aprobasen, es normal que las autoridades exijan alguna compensación. Es decir, se plantea un escenario donde saldría adelante una de las alternativas, pero no las dos.

En todo caso, estas cuestiones deberán ser precisadas en la visita que José Luis Navarro tiene prevista a la central nuclear en las próximas semanas.

IBARRA EN EL 2006 De este modo se entra en una nueva fase de un debate que surgió el 22 de febrero del 2006, cuando el entonces presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, vinculó la renovación del permiso de explotación de la nuclear a partir del 2010 a que la empresa trasladase la sede social desde el País Vasco a Extremadura.

De este modo, y con el actual modelo de financiación autonómica Extremadura percibiría anualmente 150 millones de euros en concepto de IVA generado por la actividad de la central. Según el modelo ahora en negociación, que aumenta la cesión del IVA a las comunidades autónomas, los ingresos anuales por Almaraz superarían los 200 millones de euros.

Posteriormente, el consejero Navarro reconocía que es imposible obligar a que se traslade la sede social, y se mostraba abierto a negociar otras compensaciones. Ahora la Junta exige compensaciones y el traslado.