La tabaquera Altadis ha solicitado hoy al Gobierno que mantenga su apoyo al sector del tabaco en Bruselas y le ha expresado su preocupación por el futuro de este cultivo en España si prospera la propuesta de directiva europea que, entre otras cosas, prohíbe mostrar las cajetillas de tabaco en los estancos.

El presidente de Altadis, Dominic Brisby, se ha reunido hoy con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para tratar el impacto de la directiva 2001/37/CE sobre el sector en España y en concreto en Extremadura, principal región productora del país.

Según el presidente de la compañía, la propuesta puede tener un "desproporcionado" efecto económico en términos de empleo y reducción de la recaudación fiscal por el aumento del comercio ilícito de tabaco.

Desde la compañía han recordado que el tabaco que Altadis compra representa el 65 % de las compras que Cetarsa (Compañía Española de Tabaco en Rama) realiza a los agricultores españoles, y que supone más del 40 % de la producción española de tabaco en rama.

"Altadis y el Estado somos socios en el capital de Cetarsa, por lo que nos unen intereses comunes en la defensa del sector ante una propuesta de directiva que no se basa en evidencias científicas que avalen su eficacia", ha subrayado Brisby.

En este sentido, el presidente ha recordado que la compañía siempre "ha luchado de manera intensa" contra el tráfico ilegal y es uno de los principales colaboradores de la Administración "para mitigar esta lacra que supera ya el 10 % de las ventas legales de cigarrillos".

La propuesta de directiva apuesta por reducir el atractivo del tabaco para combatir su consumo en la Unión Europea mediante la inclusión de más mensajes disuasorios en las cajetillas de cigarrillos, la prohibición de mostrar las cajetillas en los estancos o la supresión de aditivos que mejoran su aroma y sabor, como el mentol.

Según la Mesa del Tabaco, en la que están presentes todos los agentes del sector (productores, industria, estanqueros), la restricciones a la venta del tabaco que incluye la directiva ponen en riesgo los casi 10.000 millones de euros de recaudación del Estado por impuestos especiales, un 6% del total; y la supervivencia de 56.000 puestos de trabajo.