El consejero de Economía y Trabajo, Manuel Amigo, aseguró ayer que la adjudicación del gas a la empresa Dicogexsa, anulada por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, estaba avalada por informes técnicos de la Junta y de una consultora externa.

Amigo, que compareció a petición propia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, insistió en que todo el proceso se ajustó a la "legalidad". La adjudicación a Dicogexsa --firma participada por Endesa, Cristian Lay, Grupo Gallardo, Caja Extremadura y Caja Badajoz-- se hizo, simplemente, porque era la mejor oferta, recalcó el consejero. En este sentido, señaló que esta empresa era la que ofrecía más inversión y más beneficiarios.

Sobre la sentencia que anulaba el proceso por "desviación de poder", criticó que muchos de sus razonamientos no se corresponden con la legalidad vigente, y afirmó que la Junta retiró el recurso porque el nuevo marco normativo --que liberaliza el sector-- hacía que fuese innecesario.

Pero sus explicaciones no convencieron a la oposición. Javier Casado, diputado del PP, le recordó que "la capacidad para interpretar la norma sólo la tienen los jueces", que concluyeron que se produjo "una desviación de poder". Por eso cree que "si en el Gobierno de la comunidad queda algo de dignidad política debería dimitir (el consejero) o cesar al responsable".

Desde IU-Siex, José Antonio Jiménez volvió a pedir la apertura de una comisión de investigación para aclarar las posibles responsabilidades políticas.