La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Extremadura ha acordado iniciar conversaciones para resolver algunas «discrepancias» sobre la Ley 7/2016, de 21 de julio, de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social en relación con la atención sanitaria de determinados extranjeros.Las discrepancias se refieren, en concreto, al artículo 2.a), el Título II (artículos 3 a 10), el artículo 12.1 y las disposiciones adicionales primera y segunda de esa ley, según el acuerdo, de tres puntos. La norma aprobada por la Asamblea comenzó su andadura como decreto-ley, que derivó en proyecto de ley para recibir las aportaciones de los grupos parlamentarios. Se incluyó destinar 86 millones para renta básica, 12 para mínimos vitales y tres para contingencia. Durante la tramitación de la ley PP y C’s advirtieron de que la norma tenía visos de inconstitucionalidad de acuerdo a lo considerado por el Consejo de Estado, que entiende que se invaden competencias estatales en aspectos como la universalización de la sanidad para los inmigrantes. H
