La ley que pondrá en marcha Extremadura ya la intentó lanzar Andalucía en 2013, pero fue recurrida por el Constitucional. La clave, dijo ayer el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, es que se planteó como un decreto y no como un proyecto de ley. No obstante, indicó que en la elaboración de la normativa extremeña "ha habido muchos contactos con los bancos y se han atendido las recomendaciones del Consejo de Estado".
