El trabajador de la Delegación del Gobierno en Extremadura Antonio Blázquez rechaza que haya recibido trato de favor alguno por parte de la delegada del Gobierno "ni de nadie" para el puesto que ocupa, que está recogido en la Relación de Puestos de Trabajo del Ministerio de Administraciones Públicas.

En un comunicado remitido a Efe, Blázquez sale al paso de las denuncias del PP e IU tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que condena a la Delegación del Gobierno por el despido improcedente de la periodista Gemas Correa, que se encontraba de baja maternal, con el objetivo, según estos partidos, de que este puesto fuera ocupado por él.

En el escrito, Antonio Blázquez insiste en que su puesto de trabajo "ni es, ni ha sido nunca un puesto de carácter eventual o de confianza" y recuerda que accedió a él en noviembre de 1990 y permaneció hasta noviembre de 1996, cuando solicitó una excedencia al ser nombrado asesor del Consejero de Educación.

Añade que tras publicarse su cese como director general de Comunicación de la Junta de Extremadura, en julio de 2007, solicitó el reingreso a su puesto de trabajo, que le fue concedida por el Ministerio de Administraciones Públicas.

Asimismo, explica que desde el 16 de octubre de 1996, fecha en la que se reconoce su situación de excedencia, hasta el 28 de agosto de 2007, cuando se le notifica su reincorporación no recibió información alguna ni notificación de la Delegación del Gobierno ni de la Administración General del Estado de que su situación laboral se hubiera visto modificada o rescindida.

Por este motivo, se pregunta por qué Gema Correa, si conocía que él había perdido el derecho a su excedencia, no lo denunció tanto ante la Delegación del Gobierno, como ante la Administración General del Estado.

Añade que las circunstancias referidas a la sentencia de la demanda por despido improcedente se producen entre el 1999 y 2000, cuando el delegado del Gobierno era Óscar Baselga, por lo que asegura que en el caso que en esas fechas se hubiera producido alguna modificación que afectara a su situación "es responsabilidad única y exclusiva de los responsables de la administración en esas fechas.

Por ello, emplaza al PP a que solicite a Óscar Baselga las explicaciones concretas sobre en qué circunstancias se realizó el contrato de Gema Correa y por qué no resuelve en el año 2000 la situación creada con la rescisión de su contrato con la Administración del Estado.

Para Blázquez, esta situación "sólo puede responder a la intencionalidad de mantener una situación que permitiera en el momento de mi reincorporación favorecer a la señora Correa y utilizar este conflicto con fines políticos en perjuicio mío".

Por último, denuncia "la utilización política y mediática" de una cuestión que atañe exclusivamente a su vida personal y laboral, y que atribuye "a una persecución hacia mi persona exclusivamente por mi ideología".